He escrito que la decencia y la corrupción no tienen
ideologías. Hoy observamos en Guatemala lo que ya sucedió en México: la lucha
contra la corrupción es una bandera transversal que traspasa la geometría
política.
Carlos Figueroa Ibarra / Especial para Con Nuestra América
Desde Puebla, México
El viernes 31 de agosto de 2018, llegó una noticia
alarmante mientras me encontraba en la aldea Las Tunas en el departamento de
Jutiapa en Guatemala. Un grupo de vehículos militares transitó por las calles
de la ciudad capital y se apostó en las cercanías de la sede de la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Luego, el presidente
Jimmy Morales rodeado de tres de sus funcionarios civiles y un nutrido grupo de
jefes militares y policiacos, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG
cuando este se venza en septiembre de 1919. La escenografía en las calles y en
el Palacio Nacional, nos recordó a muchos, a las dictaduras militares y en
particular alguna alocución del dictador Efraín Ríos Montt. Se rumoró que el
propósito era sacar del país al Comisionado Iván Velásquez y suspender la Corte
de Constitucionalidad. En suma dar una suerte de autogolpe. Con motivo de la
visita de un grupo de Marines estadounidenses, el despliegue de vehículos se
volvió a observar. Todo esto sucedía, mientras en Nicaragua el presidente
Ortega realizaba un acto similar: la expulsión de la misión de Derechos Humanos
de la ONU…
La parafernalia militar usada por Jimmy Morales se hizo
para amedrentar a las protestas que
vendrían por las decisiones. Estas decisiones, unidas a el proceso de
aprobación de la Ley de Antejuicios, son
parte de la contraofensiva lanzada por la parte de la clase política, sectores
de empresarios y del ejército, para protegerse de las acciones anti-corrupción que han sido llevadas a cabo
por el Ministerio Público sustentadas en las investigaciones de la CICIG. El llamado “pacto de corruptos” está
contraatacando y apela demagógicamente a la soberanía nacional y a las fuerzas
más conservadoras. No fue una ocurrencia que en su discurso en el Palacio
Nacional anunciando la suspensión de la CICIG, el presidente Morales aludiera
que su gobierno estaba “por la vida y por el matrimonio entre hombres y
mujeres”. Esto sucedía en las vísperas de la
concurrida manifestación que con estas banderas se observó el domingo 2
de septiembre.
Probablemente la intervención diplomática encabezada
por los Estados Unidos de América, abortó las pretensiones iniciales del
gobierno de Morales. Pero ya se ha emitido la prohibición del ingreso de
Velásquez al país y la Ley de Antejuicios está en proceso de aprobación ante el
beneplácito de buena parte de los diputados. De aprobarse esta Ley, será el
Congreso de la República quien decida si procede o no el antejuicio y se le
quitará esa facultad a la Corte Suprema
de Justicia. Además será 105 el número mínimo de diputados que tendría que
aprobar un antejuicio, número que de no
lograrse provocaría el archivo definitivo del expediente.
He escrito que la decencia y la corrupción no tienen
ideologías. Hoy observamos en Guatemala lo que ya sucedió en México: la lucha
contra la corrupción es una bandera transversal que traspasa la geometría
política. Sectores de derecha e
izquierda están apoyando tanto al bando de los corruptos que se están defendiendo,
como al bando que lucha por extirpar ese cáncer que devora a la vida pública.
Hoy esa es la disyuntiva que la política enfrenta en Guatemala.
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