Este avance argentino
en la democratización de las comunicaciones debe ser visto e interpretado junto
a otros de los principales logros del giro posneoliberal que vivimos en América
Latina en los últimos trece años.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa
Rica
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| Una derrota del grupo Clarín y de su visión restringida de la democracia audiovisual. |
Por la magnitud de esta
batalla cultural, que puso al descubierto el entramado de intereses ideológicos
y económicos que sostienen la industria
de la (re)producción del sentido común dominante en la Argentina, y en
nuestros países, en general, la sentencia del tribunal supone también la
afirmación de uno de los ejes que caracterizan al posneoliberalismo
latinoamericano: la confrontación con los poderes fácticos y la reconfiguración
de las relaciones políticas, con miras a construir sociedades más plurales y
participativas, en las que todos los grupos, movimientos y sectores tengan
acceso real a pronunciar su palabra, difundir sus imágenes y sus relatos, y en
definitiva, a poner en común sus identidades culturales frente al pretendido
monopolio de las identidades hegemónicas.
Así, este avance en la
democratización de las comunicaciones debe ser visto e interpretado junto a
otros de los principales logros del giro posneoliberal que vivimos en los
últimos trece años, y que incluyen, por ejemplo, el nuevo constitucionalismo emancipatorio que se concreta en las
constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela; la institución de la
plurinacionalidad, que permea las esferas del derecho, la territorialidad, la
política, la cultura y las relaciones comunitarias; las políticas sociales
orientadas hacia las necesidades de amplios sectores de la población y la nueva
integración regional, múltiple y diversa.
Por otra parte, y desde
una perspectiva histórica, la ratificación de la constitucionalidad de la Ley
de Medios podría marcar un antes y un después en el desarrollo del espacio
comunicacional y audiovisual latinoamericano, que desde las décadas de 1940 y
1950, con el ascenso de los gobiernos populistas y sus alianzas de clases, cayó
también en una trampa no resulta hasta el presente: sí, es cierto que
irrumpieron como protagonistas los obreros, campesinos, inmigrantes y
sindicatos en la política nacional y la vida de las ciudades latinoamericanas
(en ocasiones, con carácter instrumental); y sí, es cierto además que las condiciones materiales de vida, producto del
crecimiento económico, hicieron posible el
surgimiento de una cultura de masas;
pero todo esto permaneció sujeto tanto a las estructuras de propiedad de los
medios, como a sus usos políticos para articular las prácticas de dominación
sobre los emergentes sectores populares. Es decir, el modelo populista impulsó
el desarrollo de las industrias culturales, pero ni el Estado ni las
oligarquías renunciaron al monopolio de los valores hegemónicos que conformaban
la identidad nacional.
Esta situación se
agravó en las décadas de 1950 y 1960, cuando la televisión en América Latina se
organiza y extiende con arreglo a un modelo familiar/patriarcal (los herederos
de la oligarquía criolla), donde la función política de los medios, como bien
lo explicó Jesús Martín-Barbero, fue edesplazada por “el dispositivo económico
(…) y la ideología se torna ahora sí vertebradora de un discurso de masa, que
tiene por función hacer soñar a los
pobres el mismo sueño de los ricos”.
Este es el período de
gestación de los consorcios mediáticos de capital regional, que rápidamente
establecieron pactos con partidos políticos y negocios con las grandes
compañías de televisión estadounidenses (CBS, NBC y ABC). Así aparece en México
la familia Azcárraga, que funda el Grupo Televisa y concentra la propiedad de
la televisión mexicana, en asocio con el Partido Revolucionario Institucional
(PRI); en Brasil, la televisora O’Globo, de la familia Marinho, se fortalece de
la mano del grupo estadounidense Time-Life y de la dictadura militar que lleva
adelante el proyecto de la modernización conservadora. En Venezuela, el canal
Venevisión, de la familia Cisneros, empieza a labrar su emporio junto a
accionistas estadounidenses como Paramount y ABC. Y otro tanto se puede decir
de las oscuras relaciones del grupo Clarín con la última dictadura militar en
Argentina; o del diario El Mercurio,
de la familia Edwards, con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
Como se puede apreciar,
el espacio audiovisual en América Latina se fue configurando como una
estructura oligopólica, asociada al capital extranjero e íntimamente ligada al
sistema político (incluso bajo las dictaduras militares), pero que no era
representativa de la población de cada uno de los países ni de la diversidad
cultural de sus pueblos.
Nada de esto cambió
sustancialmente en las décadas siguientes, y más bien se agravó durante los
años 1990 cuando, en el apogeo de la globalización neoliberal, la dinámica de
las comunicaciones consolidó un nuevo
orden de la información sobre la base de la desregulación, el debilitamiento de
la tutela del Estado y fortalecimiento del poder del mercado. De ahí la importancia
de la Ley de Medios Audiovisuales de Argentina y de las iniciativas que, en esa
misma dirección, se vienen impulsando en distintos países de la región desde
inicios del siglo XXI, como instrumentos jurídicos y políticos para desmontar
esos andamiajes del neoliberalismo.
En uno de sus más
desgarradores poemas, el español Miguel Hernández escribió en 1938: “Nosotros no podemos ser ellos, los de
enfrente / los que entienden la vida por un botín sangriento: /como los
tiburones, voracidad y diente / panteras deseosas de un mundo siempre
hambriento”.
Justamente en eso, en no ser como ellos, como los grandes
oligopolios antidemocráticos y autoritarios; y en hacer todo lo posible por
construir otra comunicación,
cualitativamente superior a la que hoy tenemos, radica el principal desafío de
los próximos años, a partir de la vigencia plena la Ley de Medios
Audiovisuales. Desde la distancia, celebramos y acompañamos en este gran paso
al pueblo argentino, seguros de que encontrará –como lo hizo en los años más duros
de la resistencia- los nuevos caminos y espacios para avanzar en la
construcción de más y mejor democracia.
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