Lo
que resulta un hecho es que la plaza es un espacio sobre el cual se pretende
tener el control y la capacidad para orientarlo en función de intereses
políticos e ideológicos diversos y contradictorios.
Mario Sosa* / Para Con Nuestra
América
Desde
Ciudad de Guatemala
La
plaza (Plaza de la Constitución) es el nombre con el cual se conoce el lugar de
confluencia de las movilizaciones ciudadanas iniciadas en 2015, gestadas para
exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, de la vicepresidenta
Roxana Baldetti y de los funcionarios públicos, los militares, los empresarios,
los políticos, etcétera, que integraban redes de crimen organizado dedicadas al
saqueo del Estado guatemalteco, así como el juicio contra todos ellos.
La
plaza fue un lugar privilegiado de expresión de la indignación ciudadana. Allí
confluyó en movimiento lo que somos como sociedad, con buena parte de su
complejidad y de sus contradicciones. En ese espacio se expresaron voces e
intereses procedentes de toda la estructura de clases sociales; de las variadas
procedencias étnicas, nacionales y religiosas; de todas las ideologías
políticas; y de las heterogéneas formas de organización y acción colectiva.
Predominó, no obstante, la presencia de extracciones urbanas, mestizas y
adheridas al pensamiento y a la acción hegemónicos.
Este
espacio sigue en disputa porque contribuyó al desarrollo de las estrategias de
los factores dominantes de poder y puede seguir siendo utilizado para tales
propósitos. Asimismo, porque ha sido soporte político de los procesos de
investigación, persecución y enjuiciamiento de redes de corrupción. Dos razones
que, en la dinámica relacionada con la plaza, no son contradictorias y se
resuelven cuando determinados actores promueven, frenan o combaten la
movilización en dicho lugar.
Lo
que resulta un hecho es que la plaza es un espacio sobre el cual se pretende
tener el control y la capacidad para orientarlo en función de intereses
políticos e ideológicos diversos y contradictorios.
Veamos
algunas de las principales posiciones que se disputan este espacio.
Por
un lado, a través del partido político Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), cámaras
empresariales, grupos corporativos, medios de difusión masiva (especialmente
televisivos), oenegés y fundaciones que operan como aparatos paraempresariales
y la clase dominante (con intereses comunes y al mismo tiempo contradictorios)
pretendieron que las movilizaciones no se desarrollaran por el riesgo de que
devinieran en lo que ellos llaman ingobernabilidad. Al no lograrlo,
eventualmente se sumaron a la movilización con una agenda conservadora para que
las luchas y las banderas históricas de los explotados y oprimidos no fueran
levantadas e incorporadas a este espacio. Como parte de su estrategia política,
sectores de esta clase dominante, en alianza con otras fuerzas, principalmente
de cuño contrainsurgente, insertaron la consigna «no te toca», especialmente
orientada contra del partido Líder —organización también corrupta y
estrechamente vinculada al Partido Patriota, en el Gobierno—, mientras hicieron
avanzar la opción del partido FCN-Nación y de su candidato Jimmy Morales, que
finalmente ganó las elecciones. Todo esto, para garantizarse un margen de
control en la administración gubernamental (2012-2016) que garantizara la
continuidad del modelo de acumulación de capital y del Estado como garante de
sus privilegios.
Por
otro lado, la Embajada de Estados Unidos apuntaló la bandera de la
anticorrupción, que, en tanto mecanismo de intervención (como ha sucedido con
el narcotráfico y el terrorismo), hace parte de su estrategia para promover
cambios en la gestión gubernamental, legislativa y judicial del Estado
guatemalteco. Esto, para viabilizar y facilitar la implementación del Plan de
la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. Este plan
es de interés geoestratégico para Estados Unidos y constituye un dispositivo de
poder para dar continuidad a su política de conducción del Estado guatemalteco
en función de los intereses de aquella nación y garantizar el control de la
región. Es bien sabido que dicho plan tiene importancia relevante en materia de
narcotráfico, migración, gobernabilidad y contención de movimientos
progresistas influidos por o confluyentes con los procesos devenidos en el sur
de nuestra América. La Embajada de Estados Unidos apuntala la bandera de la
anticorrupción, principalmente desde el engranaje institucional, que se
concreta en el Ministerio Público y en la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala. Cuenta a su favor, además, con una hegemonía que se
expresa dentro o fuera de la plaza, en la cual su papel de imperio resulta
cuestionado apenas levemente.
En
este contexto, diversos colectivos y organizaciones accionan en la plaza, desde
aquellos que apuestan por reformas institucionales menores y conservadoras
hasta aquellos que propugnan cambios transformadores del Estado. Vale decir
que, en este contexto, estos últimos no logran convertir la plaza en espacio
orientado a la transformación social, lo cual se debe —en parte— al hecho de
que llegan a este lugar con una correlación de fuerzas adversa y sin la
capacidad de orientarlo en una dirección distinta a la que sigue teniendo: con
predominio de la agenda anticorrupción y contra la impunidad de las redes
mafiosas que saquean el Estado.
Siendo
la plaza un espacio en disputa, un paso importante que deben dar las organizaciones
y los ciudadanos que pretenden la transformación del Estado es un análisis que
considere las fuerzas políticas, los intereses y las estrategias que confluyen
contradictoriamente en dicho lugar. Solo así se logrará dar respuesta a muchas
preguntas. ¿Hasta dónde quienes reivindican la plaza están fetichizando el
lugar? ¿Es la plaza el lugar donde se define la correlación de fuerzas de
poder? ¿Es la plaza otro distractor? ¿Es en la plaza donde se decide el curso
de los procesos político, judicial y mediático? ¿Quiénes son los que
determinan, condicionan o mueven los hilos que orientan la movilización en la
plaza? ¿Cómo gestionan la plaza los grupos corporativos, el Cacif y la Embajada
de Estados Unidos? ¿Qué lugar tiene la plaza en la búsqueda de la transformación
del Estado? ¿Acaso no hace falta definir primero un proyecto político
alternativo, el sujeto político que lo sustente, el instrumento y la estrategia
acertada para lograr transformaciones profundas? ¿Qué importancia tiene la
plaza en el marco de un proyecto y una estrategia política transformadora? Y
por último preguntas como para qué, quiénes, cómo y cuándo disputarse la plaza
como lugar para la lucha política.
* Investigador en el Instituto de Investigación y Proyección sobre el
Estado (ISE), de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, Universidad
Rafael Landívar.
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