La resolución judicial que
declara inconstitucional la Ley de Amnistía General constituye un hito en la
lucha contra la impunidad por los crímenes de guerra y las violaciones
sistemáticas a los derechos humanos para el caso concreto de El Salvador, pero
con repercusiones para toda América Latina y más allá.
Andrés Mora Ramírez / AUNA-Costa Rica
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| En El Salvador se abre un nuevo capítulo en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. |
La Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió el pasado
13 de julio una sentencia histórica: con cuatro votos a favor y uno en contra,
la mayoría de los magistrados de este órgano declararon inconstitucional la Ley
de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993 en el
marco de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado en este país
centroamericano. Como se detalla en el comunicado
oficial de la Sala, los magistrados consideran que, a la luz de lo
dispuesto en distintos instrumentos del derecho internacional y en atención a
principios elementales de protección los derechos humanos, la amnistía
concedida en los artículos 1 y 4 de dicha ley “es contraria al derecho de
acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales,
y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa
humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al Derecho
Internacional Humanitario”.
La decisión del
tribunal constitucional, polémica y a la que se llegó seguramente con
muchísimas dificultades, tomando en cuenta la profundidad de las diferencias
ideológicas que subyacen en la sociedad salvadoreña -como herencia nefasta de
los tiempos de guerra, que emerge periódicamente a la superficie del debate
público-, y las delicadas condiciones en
las que poco a poco se han venido reconstruyendo las instituciones democráticas
y el sistema político en general, representa un espaldarazo a la búsqueda de
verdad y justicia para las víctimas del conflicto armado, para sus familiares,
y para los salvadoreños y salvadoreñas que ahora tendrán la oportunidad de
indagar en su pasado reciente, cerrar las heridas que todavía permanecen
abiertas y saldar su deuda con la memoria.
Asimismo, la resolución
judicial constituye un hito en la lucha contra la impunidad por los crímenes de
guerra y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos para el caso
concreto de El Salvador, pero con repercusiones para toda América Latina y más
allá, toda vez que, como lo expresa el voto de los magistrados, si bien un
órgano legislativo tiene facultades para decretar amnistías, estas no pueden
ser “irrestrictas, absolutas e incondicionales, desconociendo las obligaciones
constitucionales e internacionales que tienen los Estados en lo relativo a la
protección de los derechos fundamentales, de investigar, identificar a los
responsables materiales e intelectuales, y sancionarlos conforme a su derecho
interno; desconociendo, además, el deber de reparar integralmente a las
víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de
graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario”.
En su sentencia, la
Sala de lo Constitucional también reivindica el espíritu de los Acuerdos de Paz
de 1992, la Ley de Reconciliación Nacional y los contenidos y alcances del Informe
de la Comisión de la Verdad 1992-1993, que procuraban esclarecer los hechos
de violencia cometidos a partir del 1 de enero 1980, independientemente del
bando que los haya perpetrado: con la aprobación de la Ley de Amnistía General,
menos de una semana después de que se diera a conocer el Informe de la Comisión
de la Verdad, la aspiración de justicia pactada en la mesa de negociaciones
simplemente fue negada para todas las partes involucradas en la guerra civil.
Es decir, con la amnistía se pretendió burlar la voluntad de paz y menguar la
legitimidad de los acuerdos.
Reconocemos la valentía
de los magistrados, cuya sentencia actualiza la jurisprudencia de la Corte en
materia de Derechos Humanos, y recibimos con esperanza este nuevo capítulo que
se inaugura en la vida social y política de El Salvador y de Centroamérica, más
de un cuarto de siglo después de la firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas,
que establecieron las condiciones para el inicio de los procesos de
pacificación en nuestra región. Sin embargo, no debemos olvidar que el camino
para hacer efectivas las posibilidades jurídicas de justicia y reparación para
las víctimas y familiares del conflicto armado será largo y encumbrado; más
aún, consideramos que ahora se pondrá a prueba –una vez más- a la democracia
salvadoreña frente a los poderes fácticos, ya que, como lo expresa el comunicado
de la Sala de Constitucional, la ahora derogada Ley de Amnistía General acabó
por convertirse en “un obstáculo procesal para la investigación, el
juzgamiento, la condena o la ejecución de la pena de los responsables” de los
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
En las luchas por
verdad y justicia que ahora podrán emprender los ciudadanos salvadoreños y del
resto del mundo, será más importante que nunca el acompañamiento y la
solidaridad internacional de quienes ansiamos una paz auténtica y profunda para
nuestros pueblos latinoamericanos.
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