Ecuador instala en la agenda continental un tema que se
vincula con su orientación general de plantearse una política económica
soberana, justo en momentos donde recrudece la confrontación entre dos modelos
económicos bien diferentes al interior de la región.
Juan Manuel Karg / Página12
Ecuador es un país latinoamericano pequeño, pero con una voz cada vez más
influyente en el plano regional y global. Su posición en torno al caso de
Julian Assange, refugiado hace ya cuatro años en la Embajada de este país en
Londres, le otorgó visibilidad en la defensa de la verdadera libertad de
expresión, amenazada tras las filtraciones de Wikileaks y el embate judicial
sobre su fundador. A su vez, desde hace ya dos años en Mitad del Mundo se aloja
la sede de la Unasur –bautizada Néstor Kirchner, en homenaje a su primer
Secretario General– donde este organismo regional cumple sus labores
cotidianas. Y como si fuera poco son bien conocidas las críticas de Correa a la
OEA y el sometimiento de esta institución a la voluntad de Washington en
relación a la región, algo que no se vislumbra en la autónoma Celac, cuya
cumbre se realizó este año en territorio ecuatoriano y donde el Jefe de Estado
ecuatoriano cumplió el rol de anfitrión.En ese marco, de creciente notoriedad
en el debate público internacional, Rafael Correa lanzó en los últimos días dos
importantes iniciativas relacionadas a los paraísos fiscales, tras las
revelaciones de Panamá Papers que sacudieron a la política latinoamericana. La
primera: su idea de llevar a la próxima Asamblea General de la ONU, en
septiembre próximo, el debate sobre estas instancias que vulneran la soberanía
económica de nuestras nacionales. Lo dijo claro el canciller Guillaume Long en
la reunión de la OEA en República Dominicana, al afirmar que “los paraísos fiscales
son verdaderos actos de traición a nuestras patrias, por lo que Ecuador
propondrá que se incluyan en la agenda de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, para septiembre de este año. Todos tenemos la responsabilidad de
encarar este fenómeno”.
La segunda: impulsar una consulta popular, al interior de Ecuador, en
relación a la incompatibilidad de ejercer cargos públicos y tener bienes o
capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. Esto llevaría a
modificar, en caso que el resultado sea favorable al SI, la Ley Orgánica de
Servicio Público a fin de adecuar la normativa vigente al pronunciamiento del
pueblo ecuatoriano, que podría ser en simultáneo a la próxima elección
presidencial, prevista para febrero próximo. Desde su aprobación, todos
aquellos que aspiren a cargos electivos tendrían el plazo de un año para
repatriar sus fondos, luego de lo cual quedarían imposibilitados de aspirar a
cargos públicos.
Para dimensionarlo en cifras: el gobierno ecuatoriano estima en 30 por
ciento del PBI a los fondos de ciudadanos ecuatorianos fuera del país,
especialmente en estas guaridas fiscales ideadas para evadir. Una importante
suma para un país golpeado por la caída de los precios internacionales del
petróleo, que además afronta costosos gastos para la reconstrucción de las
zonas dañadas por el gravísimo terremoto de abril pasado. De ahí que la lucha
contra la proliferación de los paraísos fiscales sea una bandera importante
para el gobierno de Correa, bajo la formulación de un “pacto ético” que el
mandatario planteó en mayo pasado.
Las comparaciones son inevitables: ¿qué sucedería de realizarse una
compulsa similar en Argentina y Brasil, donde las revelaciones golpearon al
presidente Macri y al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo
Cunha, respectivamente, ambos con titularidad de empresas offshore? ¿Dejará
antecedentes la consulta popular ecuatoriana, para abrir un debate en el resto
del continente en relación a la incompatibilidad de ejercer funciones públicas
teniendo millones en guaridas fiscales? Como sea, Ecuador instala en la agenda
continental un tema que se vincula con su orientación general de plantearse una
política económica soberana, justo en momentos donde recrudece la confrontación
entre dos modelos económicos bien diferentes al interior de la región.
Correa tiene una virtud que suele dar frutos en la política: la audacia
para generar imprevisibilidad en sus adversarios, con iniciativas contundentes.
En caso de avanzar la consulta popular promovida, la derecha ecuatoriana deberá
elegir entre repatriar su dinero y participar en política, o seguir con la
especulación pero ya desde el ámbito privado. Sea cual sea el resultado, la
iniciativa ecuatoriana adelanta un debate cada vez más necesario en todos
nuestros países.
No hay comentarios:
Publicar un comentario