Para que el
canal y sus áreas revertidas dejen de ser objeto de lucro para una minoría y en
verdad sirva para mejorar la vida de los hijos del pueblo que luchó por la
soberanía, se requiere una nueva constitución que democratice su
administración sacándola del control de la oligarquía.
Olmedo Beluche / Especial para Con Nuestra América
Desde
Ciudad Panamá
El Canal de
Panamá es una obra admirable que, con el tercer juego de esclusas, se
engrandece más. La ampliación no sólo es espectacular por sus dimensiones, sino
que es producto del trabajo de miles de obreros panameños cuya capacidad
demostrada se suma a los que ya hacen funcionar el canal "viejo". En
este momento debemos un recuerdo a los Mártires del 9 de Enero de 1964 que dieron
su vida por la soberanía.
Lamentablemente
esa magnífica obra ha sido impuesta recurriendo a mentiras, que le han
escamoteado recursos para la solución de las necesidades sociales más urgentes
al pueblo panameño. Además, el consorcio constructor y los bancos ya se
han embolsado más de lo presupuestado y esperan saquear mucho más con diversas
demandas. Todo esto gracias a que el canal está dirigido por una camarilla de
empresarios "lagartos" y que en su Junta Directiva no está
representado el verdadero pueblo panameño.
Al pueblo
panameño se le ha escamoteado "el uso más colectivo posible" del
canal y sus áreas adyacentes. El título constitucional, aprobado en 1994,
creó una Autoridad del Canal (ACP), en manos de un administrador y una Junta
Directiva con poderes omnímodos que escapan a cualquier forma de supervisión y
control nacional. Basta observar la composición de la actual Junta Directiva de
la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para ver cómo está puesta al servicio de
la oligarquía panameña
Esos grupos
oligárquicos que controlan el canal, idearon la propuesta de dar carácter de
urgencia a un proyecto de tercer juego de esclusas que Estados Unidos había
congelado. Para justificarlo se adujeron toda clase de falsedades como que la
vía se quedaba obsoleta. Esas mentiras infundadas tenían como objetivo
hipotecar los ingresos presentes y futuros del canal para una obra que no era
urgente. De manera que los recursos del canal, que recién habían revertido al
país cayeran en manos de los banqueros que financiarían la obra y de los
consorcios inmobiliarios que la construirían.
De nada
valió que la mayoría de las organizaciones populares y sindicales propusieran
la postergación para que los recursos que empezaban a revertir sirvieran para
pagar la enorme deuda social con la población: desempleo juvenil, pobreza,
sistemas de salud, educación, alcantarillado, transporte y recolección de
basura en pésimas condiciones.
Ahora que
está a punto de inaugurarse la ampliación la ACP anuncia una reducción de sus
ingresos por la vía de una reducción de los fletes de los barcos que
transitan el canal (La Prensa, 27/3/2016). Además anuncia que los
aportes del canal al Estado panameño serán 45,3% inferiores a lo proyectado
para el período 2014 a 2021, es decir, B/. 9.419 millones menos! (La
Estrella, 3/5/2016).
El costo
original de la ampliación fue estimado en 5.250 millones de dólares, 3.118
millones por la construcción de la esclusas a GUPC y 2.132 millones de dólares
para dragado y excavaciones. SACYR indica que sobre los 3.118 millones, ha
logrado que la ACP le haya reconocido 460 millones adicionales y anuncia que
tiene en disputa otros 3.525 millones de dólares (La Prensa,
30/5/2016).
Si SACYR
lograra que se le paguen la totalidad de esos reclamos terminaría cobrando: 3.578
(que ya se le pagaron) más 3.525 (en reclamos), 7.103 millones de dólares,
o sea, MÁS DEL DOBLE DE LO CONTRATADO!
Para que el
canal y sus áreas revertidas dejen de ser objeto de lucro para una minoría y en
verdad sirva para mejorar la vida de los hijos del pueblo que luchó por la
soberanía, se requiere una nueva constitución que democratice su
administración sacándola del control de la oligarquía.
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