A mediados del pasado siglo la diplomacia
estadounidense se anotó uno de sus mayores triunfos. Hizo creer al mundo que
Puerto Rico había dejado de ser una colonia para transformarse en un ente
extraño al que nombraron “Estado Libre Asociado (ELA)”. Se dijo entonces que la
isla después de alcanzar plenamente su autonomía decidió suscribir con su
antigua metrópolis un pacto libremente convenido entre iguales.
Ricardo
Alarcón de Quesada / Cubadebate
En su momento el engendro fue presentado como punto de
referencia, como modelo a seguir por otros. El territorio fue invadido por
capitales norteños que se beneficiaron de privilegios y exenciones impositivas
y exhibió índices de crecimiento notables. Se hablaba incluso del “milagro”
económico puertorriqueño.
La realidad profunda iba por otros caminos. Las
producciones autóctonas -la agricultura, la industria, los servicios- fueron
aplastadas por las del poderoso “socio”. Para muchos emigrar a Estados Unidos
fue la única salida mientras su tierra se extranjerizaba sin remedio. El
incesante éxodo muestra cifras elocuentes, quedan en la isla alrededor de 3
millones de habitantes mientras ya son 5 millones los que malviven en la
Norteamérica que los discrimina y desprecia.
Para imponer ese modelo Washington persiguió con saña a
los nacionalistas e independentistas. La “vitrina democrática” negaba al pueblo
su derecho inalienable a la libertad y para ello recurrió a todos los métodos
entre los que no faltó la violencia represiva
Los patriotas no cesaron nunca en su lucha por la
independencia y se empeñaron por desenmascarar la farsa colonial y alcanzar la
indispensable solidaridad internacional. Lo hicieron con tenacidad admirable en
la Organización de Naciones Unidas desde que la ONU, en 1960, proclamó el
derecho de todos los pueblos a la autodeterminación e independencia.
Consiguieron desde 1973 que el Comité de Descolonización favoreciera su reclamo
año tras año.
Entretanto el diseño económico del ELA entró en una
crisis cada vez más profunda y encara hoy la bancarrota y la insolvencia. Las
autoridades locales -el Gobernador y la Asamblea Legislativa- trataron de
encontrar soluciones imaginando que tenían potestad para hacerlo y que podrían
contar con el apoyo de quien se suponía era su “socio”.
La verdad, sin embargo, se impuso de modo sorprendente
y brutal. En pocos días, casi al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Estados
Unidos, el Congreso Federal y el Presidente Obama lo dijeron alto y claro para
que todos lo entiendan: Puerto Rico carece de soberanía propia, no es más que
un territorio colonial y está completamente sometido a las decisiones de su
dueño. Y para que nadie se confunda promulgaron una ley creando la Junta de
Control Fiscal. Sus siete miembros, designados por Washington, se encargarán de
administrar y dirigir la colonia.
La indignación generalizada estalló con fuerza este
verano en la sesión del Comité de la ONU. Allá fueron decenas de representantes
de todas las tendencias y todos los sectores de la sociedad incluyendo al
Gobernador García Padilla.
El Comité además de aprobar una vez más la Resolución
que sostiene el derecho a la independencia de Puerto Rico, dio un paso adelante
y por unanimidad decidió encargar a su Presidente que promueva un diálogo entre
Washington y los boricuas para lograr la descolonización de la isla. De ese
modo se ofrece una salida constructiva que Obama debería aprovechar. Habiendo
reconocido que engañó al mundo y que Puerto Rico es aun la principal colonia
del planeta, Estados Unidos tiene la obligación ineludible de poner fin a una
situación violatoria del Derecho Internacional que ha durado ya demasiado
tiempo.
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