La “mentalidad
desordenada” de Uribe se ve reflejada ante las decisiones tomadas por su propio
partido, el Centro Democrático, que le llevaron nuevamente a contradecirse ante
la avasalladora realidad de la opinión pública nacional e internacional,
obligándolo a flexibilizar su opinión, pero intentando vender cara su derrota,
al intentar imponer condiciones para dar su apoyo al proceso de paz.
Sergio Rodríguez Gelfenstein / Especial para Con Nuestra América
Desde Caracas,
Venezuela
El pasado 18 de julio,
la Corte Constitucional de Colombia aprobó la celebración de un plebiscito como
mecanismo de refrendación de la paz acordada entre el gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en la mesa de
diálogo de La Habana.
Después de casi ocho
horas de debate, la ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas a favor de la
validación de la consulta consiguió el aval de la mayoría de los miembros del
alto tribunal. La presidenta de la Corte, María Victoria Calle se dirigió al
país y a la opinión pública para dejar patente que declaraba “ajustado a la
Constitución el título del proyecto (de ley examinado) con la condición de que
se interprete que el acuerdo final es una decisión política y la refrendación a
la cual alude (…) no implica por sí misma una incorporación de lo acordado en
el articulado de la Constitución y el ordenamiento jurídico colombiano”.
De esta manera, luego
del acuerdo final entre las partes, serán los ciudadanos colombianos quienes legitimen
o no todo lo consensuado en la capital cubana, previo a la fase de
implementación. Posteriormente a la firma del Acuerdo, el presidente Santos
deberá informar al Congreso su intención de convocar al plebiscito.
Simultáneamente, deberá dar a conocer el contenido final del mismo. A
continuación, el Congreso tendrá un mes como máximo para pronunciarse. Si el
Senado y la Cámara de Representantes lo rechaza por mayoría de los asistentes,
el Presidente podrá convocar al plebiscito.
La votación debe realizarse
en un lapso comprendido entre uno y cuatro meses a partir de la fecha en que el
Congreso reciba el informe del Presidente. En él, podrán participar también los
colombianos residentes en el exterior, a través de los consulados. Para que los
acuerdos de paz sean aprobados, los votos por el Sí deben superar el umbral del
13% del censo electoral (una cifra que ronda los 4 millones 300 mil votos) y
ganarle al No.
El plebiscito no podrá
coincidir con otra elección y en la campaña que se haga a favor de una u otra
opción no se puede incorporar contenidos que promuevan a un partido o
movimiento político, un grupo significativo de ciudadanos, o que se relacionen
con la promoción de candidaturas de elección popular.
La decisión aprobada a
través del plebiscito será de obligatorio cumplimiento. Si la votación es
favorable, el Presidente está impelido a implementar los Acuerdos de Paz. Si la
votación no es favorable, está obligado a no implementarlos. Sin embargo, este
resultado es solo vinculante para el Presidente, lo cual significa que otros
poderes como el Congreso podrían idear mecanismos para implementar los
acuerdos. Asimismo, debe dejarse en claro que, incluso si hubiera una votación
mayoritaria a favor del No, esto no significa que el pueblo colombiano refuta
la paz, sino que lo que se estaría rechazando es el contenido de los acuerdos,
por lo que se vería afectada su implementación.
Es muy importante
esclarecer este último aspecto, porque como en toda votación en los marcos del
modelo político imperante, intervienen factores que pudieran influir en la
decisión de los ciudadanos a partir del desarrollo de campañas infundadas,
ficciones impúdicas, fabricación de falsas verdades y construcción de quimeras,
solo teniendo grandes recursos financieros que permitan hacerlo. Estas acciones
son parte intrínseca de eso que se llama democracia representativa. Aunque
suene extraño, sobre todo para aquellos lectores que no son colombianos,
millones de ciudadanos votarán en contra, lo cual podría conducir a pensar que
se trata de personas masoquistas, deseosos de continuar la guerra de más de 50
años que ha causado alrededor de 220 mil muertos, casi 6 millones de
desplazados y 25 mil desaparecidos.
Nada más falso, sólo
significaría que mentes criminales que han usufructuado de la guerra y
construido pingües fortunas con ella, necesitan de la misma para mantener el
“negocio” por lo que estarían dispuestos a invertir lo que sea necesario para
revertir el proceso desarrollado en La Habana y el que se adelanta con
similares características con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al
frente de sus huestes, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez es el líder de las
fuerzas que pretenden detener la historia. Ni siquiera Pinochet, se negó a
realizar un referéndum que detuviera la guerra que él mismo librara contra el
pueblo chileno.
En su locura irracional
de confrontación con el gobierno, el ex presidente, hábil en el arte de
manipular la palabra señaló que “La palabra paz queda herida por un gobierno
que ha engañado al pueblo y manipulado las normas jurídicas para cambiar la
Constitución al antojo del grupo terrorista, que con aprobación oficial somete
a las instituciones en lugar de someterse a ellas”. Lo dice el mismo personaje
que compró legisladores para cambiar la Constitución, de manera de permitir su
reelección. El caso que involucró a la ex parlamentaria Yidis Medina es de
público conocimiento en Colombia, por el cual la representante fue juzgada y
condenada, significando -según sus mismas palabras- el quiebre de la historia del
país. Pero, la inmoralidad de Uribe, el afán de protagonismo y su odio llega a
niveles tan inusitados que contradice criterios propios sobre la paz expresados
por él en octubre de 2004. Según recuerda la revista Semana de Bogotá en su
número 1782, en esa ocasión, siendo presidente, el ahora senador expresó que:
“Si un acuerdo de paz aprueba que los guerrilleros de las FARC vayan al
Congreso, hay que remover el obstáculo constitucional que lo impide, porque hoy
el ordenamiento jurídico prohíbe la amnistía y el indulto para los delitos
atroces. Entonces, en un acuerdo de paz con las guerrillas, ese cambio habría
que llevarlo a efecto constitucional para que puedan ir al Congreso por el bien
de la patria”. Esto me recuerda cuando en los juegos infantiles, no se hace lo
que desea el niño que es dueño de la pelota y su decisión es llevarse el balón
e interrumpir el juego.
En una opinión más
reciente, al hacer alusión a la decisión del Tribunal Constitucional de
Colombia, Uribe manifestó que: “Así la Corte lo haya declarado constitucional,
eso es ilegítimo y yo creo que todos estamos de acuerdo en que es ilegítimo”.
Durante un programa de radio, el ex presidente consideró que el hecho de “haber
bajado el umbral (de participación) del 50 al 13 % es una trampa del Gobierno,
pero el Gobierno y el Congreso pueden hacer eso porque infortunadamente la
Constitución del 91 no definió el umbral”. Todo lo cual da a entender que el ex
presidente cree que si las leyes no se han hecho a su medida, no tienen validez
jurídica alguna.
Al sostener su obsesiva
y enfermiza opción a favor de perturbar el camino de la paz, el ex mandatario
prometió seguir oponiéndose a los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y
las FARC en La Habana y atacó nuevamente los textos aprobados, bajo el
argumento de que otorgan una gran “impunidad” a la guerrilla. A su vez, opinó
que los acuerdos significaban un peligro en el futuro próximo toda vez que al
ser firmados, las zonas de concentración de las FARC serán “enclaves
socialistas”, lo que, según él, afectaría a la economía colombiana.
La “mentalidad
desordenada” de Uribe se ve reflejada ante las decisiones tomadas por su propio
partido, el Centro Democrático, que le llevaron nuevamente a contradecirse ante
la avasalladora realidad de la opinión pública nacional e internacional,
obligándolo a flexibilizar su opinión, pero intentando vender cara su derrota,
al intentar imponer condiciones para dar su apoyo al proceso. En una reunión
sostenida por esa colectividad, sin aceptar que en términos de la paz, el país
va caminando por una ruta distinta a la de él, Uribe manifestó que “Nosotros
queremos desde aquí preguntarles al Gobierno y a las FARC si están dispuestos a
reabrir capítulos, como el capítulo de la impunidad, el capítulo de la
elegibilidad y a tener en cuenta unas observaciones del Centro Democrático”.
Sin embargo, el uribismo, aún no decide si su rechazo a la paz, -ante la
inevitable realización del referéndum- se va a manifestar por votar en contra o
abstenerse.
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