La solidaridad latinoamericana con la independencia de
Puerto Rico y el respaldo a sus actores
y luchas ya desbordó las frases usuales
y reclama nuevos análisis e iniciativas, a tono con las actuales demandas y
posibilidades de la situación.
Desde San Juan, Puerto Rico
Hay períodos en que pareciera que muy poco ocurre y de
pronto los acontecimientos se desatan; pero mientras el fondo de la situación
da un giro hasta los buenos analistas demoran en notarlo. Y cuando sus
apreciaciones se dejan llevar por la rutina, tampoco la izquierda escapa a esa
tendencia. Este es el caso de lo que hoy sucede en Puerto Rico, donde la
realidad inició una dinámica cualitativamente nueva, sin que algunos
anticolonialistas se hayan percatado aún.
Así lo refleja la Declaración del reciente XXII
Encuentro de una organización tan meritoria como el Foro de Sao Paulo,
celebrado en San Salvador a finales de junio. Como de costumbre, reitera que
“apoyamos la lucha heroica del pueblo puertorriqueño por su independencia y el
justo reclamo de Argentina por su soberanía sobre las islas Malvinas”. Pese a
la buena fe de esta frase, ligereza da lugar a algunas deficiencias. La más
simple, que entre la inmovilidad de Malvinas y la actual agitación de Puerto
Rico no hay más similitud que el accidente geográfico de que ambas son islas.
Si es por el régimen colonial, entonces faltó incluir a Aruba, Martinica y
otras posesiones del Caribe.
El segundo yerro está en que el caso de Malvinas es uno
de integridad territorial, no de autodeterminación de los pueblos. Gran Bretaña
arrebató ese territorio a Argentina y remplazó su escasa población con unos
colonos trasplantados desde Inglaterra. Si sus descendientes votaran por cuál
soberanía prefieren, escogerían a Londres. Al contrario, Puerto Rico es una
nación histórica, donde cuatro millones de personas defienden una cultura
propia, de pura cepa hispanoamericana y caribeña. La cuestión aquí es recuperar
las condiciones necesarias para que este pueblo pueda decidir libremente su
autodeterminación. Esto es radicalmente distinto al caso de Malvinas;
reivindicarlos en pareja y con omisión
de las demás colonias antillanas
acarrea más confusión que solidaridad.
Pero el problema principal es otro. Es el de omitir que
10 años de recesión y una deuda impagable convirtieron el caso de Puerto Rico
en un dolor de cabeza también para el gobierno estadunidense, y han puesto en
crisis al sistema político colonial y a sus partidos. Frente a las
inconformidades y reclamaciones puertorriqueñas, y las presiones de los
acreedores de Wall Street, las autoridades norteamericanas han incurrido en dos
decisiones terminales que anulan el régimen del llamado Estado Libre Asociado
(ELA).
La primera es que la Corte Suprema estadunidense
dictaminó que la isla carece de soberanía, toda la cual ejercerá exclusivamente
el Congreso de Washington. La segunda que ese Congreso enseguida acordó crear
una Junta de Control Fiscal cuyos integrantes nombrará la Casa Blanca, que no
solo dirigirá los asuntos fiscales y presupuestarios de Puerto Rico sino que
reorganizará la administración del país por encima del gobierno local electo
por los puertorriqueños, para asegurar que los buitres de Wall Street cobren la
enorme deuda, a expensas de quienes habitan la isla. Lo que con vierte al
llamado gobernador de Puerto Rico en un simple monigote ceremonial.
Los dos partidos cómplices del sistema colonial anexionista uno y autonomista el otro, cuya
ineficiencia y corrupción como gobernantes del país acumularon esa deuda, ven
perecer su capacidad de neutralizar políticamente a la población. Para defender
sus gastados privilegios, procuran dirigir las quejas y reclamos contra la
nueva Junta, pero gran parte de esa población ya tiene claro que la causa de su
drama socioeconómico, del desempleo y el empobrecimiento, y del descrédito del
régimen político, es el sistema colonial. El que, ante el deterioro del
panorama, apela a crear ese nuevo instrumento de dominación autoritaria.
Esto a su vez ha llevado al partido y las
organizaciones independentistas no solo al momento de mayor auge político, sino
también al de mayor progreso en la construcción de su unidad. Lo que significa
que la solidaridad latinoamericana con la independencia de Puerto Rico y el respaldo a sus actores y luchas ya desbordó las frases usuales y reclama nuevos
análisis e iniciativas, a tono con las actuales demandas y posibilidades de la
situación.
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