Después de 23 años de
impunidad, el pasado 13 de julio la Corte de Constitucionalidad de El Salvador
declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, negociada entre las partes en
conflicto durante la Guerra civil que duró de 1980 a 1993, y que dejó en la
impunidad los crímenes de guerra.
Rafael Cuevas Molina/Presidente AUNA-Costa Rica.
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| Placa conmemorativa por los desaparecidos en El Salvador. |
Tanto el
Ejército, la derecha salvadoreña a la que sirvió, como la izquierda ex
combatiente han puesto el grito en el cielo pues dicen que tal decisión pone en
peligro la paz del país, que se sustenta en la intocabilidad de las partes
contendientes.
¡Valiente
paz! Se erige sobre la impunidad de miles de desapariciones, asesinatos,
masacres y crímenes de lesa humanidad contra individuos y poblaciones enteras
cuyo esclarecimiento han pedido los familiares de las víctimas durante más de
dos décadas.
Que la
derecha se oponga a ser juzgada es caso conocido no solo en ese país sino en
América Latina en general. Pero que la izquierda asuma el mismo papel es un
verdadero despropósito.
Ahora resulta
que según la izquierda salvadoreña, quienes piden justicia le hacen el juego a
la derecha continental que utiliza la estrategia de golpes blandos, y ponen en
riesgo al mismísimo presidente de la República, quien aducen podría ser llevado
a juicio por haber sido uno de los lideres principales del movimiento
guerrillero de los años 80.
Es difícil
que tal cosa suceda pero podría pasar, es una opción entre otras. Si es así,
que se defienda, como deberá hacerlo la derecha salvadoreña.
Efectivamente,
que tal cosa sucediera sería un fuerte golpe para el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FNLM), actualmente en el poder, pero no hay vuelta
de hoja: para poder erigir sociedades de derecho, algo que tanta falta hace en
Centroamérica, deben fortalecerse las instituciones de justicia y las leyes
deben aplicarse de forma pareja a toda la ciudadanía. No puede haber justicia
para unos y no para otros; no puede haber ciudadanos y ciudadanas de primera y
de segunda categoría.
Tampoco
dudamos que esta resolución de la Corte de Constitucionalidad pueda ser parte
de una estrategia continental contra los gobiernos de izquierda; una vez que
hemos visto lo que ha sucedido en Brasil, lo que está pasando en Venezuela y en
otras partes del continente concluimos que hay razones suficientes para
pensarlo así.
Pero los
proyectos progresistas de América Latina no pueden sustentarse sobre bases
falsas, y la impunidad de los crímenes de guerra es una base falsa, vengan
estos crímenes de donde vengan. No hay proyecto progresista, de izquierda o
revolucionario que pueda sustentarse sobre premisas de ese tipo. Si para
mantenerse en el poder hay que pasar sobre la justicia y el respeto a los derechos
de la ciudadanía, el proyecto no vale la pena. La izquierda debe sustentar la
superioridad de su proyecto en una moral
y una ética distintas a las de sus oponentes.
Esa ha sido,
además, una de las mayores y más fuertes tradiciones del pensamiento progresista
y revolucionario latinoamericano, desde José Martí hasta el Che Guevara.
Echarlo por la borda en cuanto no nos conviene es una muestra de oportunismo y
falta de visión histórica.
A lo anterior
hay que añadir que esas son las reglas del juego que la izquierda y los
sectores progresistas latinoamericanos han aceptado jugar en nuestros días. No
estamos en la época de la Revolución Cubana cuando, de forma explícita y sin
tapujos, la izquierda se demarcó de la democracia burguesa y asaltó el poder por
la fuerza de las armas. Ahora ha aceptado participar en el juego democrático y
no puede ser que se eche a un lado cuando no le conviene.
Ante estos
acontecimientos, comprendemos por qué el Foro de Sao Paulo emitió hace pocos
días un comunicado general en el que consideraba a la CICIG de Guatemala como
un instrumento de injerencia del imperialismo norteamericano en América Latina.
Mal hace la
izquierda continental en asumir estas posturas que la desacreditan. La
izquierda debe estar siempre al lado de la justicia, de la lucha por la
construcción de una sociedad prístina, sin dobleces y sin privilegios para
nadie.
¡Enhorabuena
salvadoreños por esta decisión de la Corte!
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