Los
sectores reformistas y neoliberales, tratan de aprovechar los traspiés del
chavismo en materia económica, para etiquetar como irrealizable cualquier
iniciativa anticapitalista. Por
ello, es desacertado presentar la experiencia venezolana, como una prueba
inexpugnable del fracaso socialista,
a sabiendas que hace aguas
el capitalismo rentístico y su condición periférica.
José Fortique / Especial
para Con Nuestra América
Desde Caracas, Venezuela
El
escrutinio de la economía venezolana en el año 2016, requiere del
abordaje profundo de dos categorías claves: escasez e inflación. Si
bien, la noción de totalidad implica un recorrido dialéctico sin la barrera
disciplinaria; en este artículo no se pretende desarrollar un abordaje
exhaustivo sobre la crisis. En las siguientes líneas, se precisa a
manera de exploración: el uso de los indicadores económicos como recurso
argumentativo en la opinión pública venezolana.
El
agotamiento del capitalismo rentístico en Venezuela, no se gestó en el gobierno
de Maduro, yacería en el absurdo tal afirmación. Empero, las secuelas de la
caída sostenida del Producto Interno Bruto (PIB) desde 2013, se patentizan con
las hendiduras en la inversión social. ¿Cuáles son los índices tomados por el
ejecutivo para su diagnóstico económico? ¿Se consideran las condiciones
concretas para la toma de decisión?. Un ejemplo de esta desconexión, es
la relación del salario real con la dinámica inflacionaria: el presidente
Maduro ha fijado repetidos “aumentos” salariales, que se traducen
para los trabajadores en débiles ajustes, ante la pérdida acelerada del
poder adquisitivo.
Por otro
lado, ¿qué impacto tiene la restricción financiera de PDVSA? Es innegable la
dificultad de la empresa para cumplir con los aportes en inversión social, ante
la caída de los precios del crudo. La dificultad del ejecutivo para obtener
nuevos ingresos o préstamos externos, representan un obstáculo importante para
mantener el ritmo de los subsidios directos o los programas sociales. El
presupuesto planteado para el año en curso, se soporta en buena medida sobre la
recaudación tributaria en un deprimido aparato productivo. La meta anual
en materia de inflación, ha terminado desaparecida en el informe de las
previsiones del ejecutivo para el 2017; evidenciando un agotamiento de la estrategia
económica.
Los
programas sociales llamados misiones, fueron creados en el gobierno de
Chávez, permitiendo una redistribución relativa de la renta. Estos
contribuyeron a mejorar el índice de desigualdad (Coeficiente Gini) bajo una
inflación menor a la de sus predecesores y, con altibajos en el crecimiento. En
los últimos tres años, se han aportado cifras como el porcentaje invertido en
lo social, pero no se contrasta con las consecuencias de la caída del PIB. En
el caso de las asignaciones directas (Hogares de la Patria) diseñada en el
gobierno del presidente Maduro, los altos precios de los productos básicos,
terminan evaporando la iniciativa de protección al consumo, en un mercado
regulado sólo en teoría desde el gobierno.
Los datos
oficiales sobre la contracción económica del año 2016, son desconocidos y,
únicamente se accede a los de estudios hechos por organismos internacionales u
empresas privadas. El Banco Central de Venezuela (BCV), tiene la obligación de
presentar regularmente los datos inflacionarios, así lo establece el marco
normativo interno. En cambio, el mutismo y el retraso en los reportes, se han
convertido en los rasgos distintivos del ente. Esta omisión se puede
leer claramente, a manera de reconocimiento implícito de la caída abrupta.
En las dos
últimas décadas, la pugna se centró sobre la veracidad de las cifras.
Inclusive, en los gobiernos que preceden a Chávez, los informes inflacionarios
avalados por organismos como el FMI, estaban sujetos a la sospecha de la
izquierda. En la crisis de los 90, se presumía el maquillaje de las cifras,
para esconder las dimensiones reales de los efectos del paquete neoliberal del
gobierno de CAP (2) y, continuado en el de Caldera. Esto llevó a una crecida
inflacionaria superior al 103%, en el período de 1993-1998.
En el año
en curso, la Asamblea Nacional, ha comenzado a emitir cifras de inflación sin
validez para otras instancias del Estado. Es preciso señalar la pugna de la
Asamblea Nacional contra el Ejecutivo, desencadenando una cesantía del
parlamento, según lo dictaminado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ante el desacato parlamentario, el gobierno del presidente Maduro ha tomado el
atajo de los decretos de emergencia económica, a modo de vía operativa para
librar la batalla legal contra la “guerra económica”. Desde la óptica
gubernamental, se trata de un estado de excepción, que amerita la entrega de
poderes especiales al gobierno, para decidir sobre materia tributaria, de
fiscalización entre otras.
Este dilema
sobre los indicadores económicos no es nuevo, ni exclusivo de Venezuela.
En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los diputados de
oposición ante el Congreso argentino, decidieron crear su propio índice
inflacionario (IPC), cuestionando los datos emitidos por el INDEC. Esta
institución es la encargada de la estadística oficial. La batalla de los
índices de precios, involucraba a un conjunto de consultoras privadas alineadas
con la oposición. La agencia experimentó el cuestionamiento constante del
FMI, arguyendo la presentación de cifras falsas.
En la
actualidad, la credibilidad del INDEC sigue en vilo en el gobierno de Macri, al
ocultarse la información sobre la inflación del año 2016, bajo el pretexto del
“apagón estadístico”. No obstante, el respaldo del FMI a la gestión del nuevo
gobierno, ha terminado por levantar las sanciones al INDEC. La estimación de
las consultoras privadas, las universidades y el Índice del Congreso en
Argentina, revelan los graves efectos de las medidas de shock en materia
económica. El incrementó de la inflación se estima a niveles mucho
más altos que el promedio regional, sólo debajo del comportamiento de
Venezuela. Estas cifras difieren totalmente de las presentadas por el gobierno
de Macri.
Si bien, en
el caso argentino se presenta una alta inflación, no se puede extrapolar para
el estudio venezolano. Lo rescatable de la comparación, no son los datos en sí,
ni tampoco la contraposición de los modelos económicos que es materia para otro
texto; en este caso se trata de advertir el uso clave de la estadística o de
los indicadores económicos, en la argumentación política. Es elemental
mencionar a Joel Best, cuando apunta a la comprensión de la estadística como
“construcción social”; lejos del reino de la matemática pura. Los actores políticos
sin distinción de ideologías, recurren a la estadística a modo de instrumento
retórico frente a la opinión pública y, convierten a los organismos
técnicos en una parte esencial de la confrontación.
Partiendo
de esta premisa, se puede reflexionar sobre las gestiones del BCV y el INE en
Venezuela. En los últimos años, se convocó a expertos para modificar la
metodología en el cálculo de la inflación y del PIB. En el fondo, la
emisión de información económica implica un reto para la evaluación de la política
gubernamental. Frente a las distensiones, el uso de las estadísticas pasa de
ser un problema de los técnicos para convertirse en material bélico de
primer orden en la ofensiva política.
La omisión
del BCV y el INE, son paleadas con otros indicadores oficiales. Así, lo
imperioso es el número de viviendas construidas, el número de toneladas de
alimentos distribuidos o el porcentaje de la inversión social. La inflación o
la escasez desaparecen en números y, se subsumen en un discurso genérico contra
la agresión externa (imperialista) e interna de los grupos de oposición
(derecha). En contraparte, la oposición desconoce el origen estructural de la
inflación y, tratan de presentarla como un fenómeno chavista, haciendo
hincapié en el espinoso ciclo de Maduro.
El Banco
Mundial, la CEPAL y el FMI, exponen una recesión continua durante los últimos
03 años en Venezuela. La contracción en 2016, se estimó entre los 8 pts. a 10
pts.; con niveles de inflación superiores al 100%; ubicando al país en el tope
del ranking mundial. En el escenario más optimista, presentado por la CEPAL, la
recuperación económica luce distante para Venezuela. Precisamente, ante el
escenario caótico presentado en los reportes de las agencias privadas o los
organismos internacionales, el gobierno recurre al reconocimiento de la FAO en
materia de alimentación, o a las cifras diseccionadas de los informes de la
CEPAL, como la esperanza de vida.
Los
síntomas del malestar económico son evidentes en lo cualitativo. El
brutal desplome del salario real, la perversión del control de cambio y, la
dificultad para el acceso a los productos básicos, son parte de la cotidianidad
de los venezolanos. La caída de los precios petroleros, desequilibró los
ingresos en divisas del país, creando serias dificultades para las
importaciones y el pago de la deuda internacional. Adicional, la sequía obligó
a la reducción de las operaciones de empresas estatales y privadas en 2016,
ante la inestabilidad energética altamente dependiente del sistema
hidroeléctrico.
Los
reportes de organismo de investigación no gubernamentales, presentan la
evolución de los precios de la canasta básica, a niveles astronómicos para el
ingreso promedio de los hogares venezolanos. Es complicado para quienes no
conocen la dinámica interna del país, percibir la diferencia en los índices de
precios tomados desde las entidades oficiales, las agencias privadas y los
institutos de investigación.
En
síntesis, el problema no reside sólo en la autenticidad de la fuente, sino en
el contexto de las cifras. De esta forma, mientras el gobierno titula en sus
medios de comunicación el número de familias beneficiadas con su mecanismo de
distribución de alimentos (CLAP), basado en precios por debajo del salario
mínimo (regulados), el resto de los medios asumen los de organizaciones que
reflejan los precios abiertos (especulativos), donde el salario mínimo es
incapaz de cubrir el 10% de los productos básicos.
En los
últimos años, la diferencia entre los datos oficiales y no gubernamentales,
cruza al límite de lo inconcebible. No se trata de pequeños puntos
porcentuales del cálculo o de errores en alguna variable. Es simplemente, la
consecuencia de una economía distorsionada, asentada en un sistema de triple
tasas de cambio y, un poderoso mercado clandestino alentado por la lucrativa
actividad del contrabando y la reventa interna. En distintas modalidades operan
redes de comercialización paralelas, bautizadas con el eufemismo de
“bachaqueo”. La distribución de alimentos desde los CLAP es irregular, empujando
a satisfacer el consumo en el mercado ilegal ante la escasez de productos en
las cadenas de comercialización regulares.
¿Cómo se
puede mapear la pobreza sin indicadores económicos? El análisis cualitativo de
los datos económicos, es fundamental para el diseño de las políticas públicas.
No obstante, a la hora de pensar en opciones, los centros de investigación
académicos tampoco están exentos del modelaje de la opinión pública. En el caso
venezolano, las universidades autónomas son un espacio de confrontación directa
con el gobierno, impregnando el entorno de su producción académica; el resto de
las universidades bajo control gubernamental, disponen de exiguos observatorios
o think tanks que aporten reportes sobre el comportamiento de las
variables económicas.
A modo de
cierre, es importante recordar los espasmos del capitalismo y, su agonía a
nivel global. Los sectores reformistas y neoliberales, tratan de aprovechar los
traspiés del chavismo en materia económica, para etiquetar como irrealizable
cualquier iniciativa anticapitalista. Por ello, es desacertado presentar
la experiencia venezolana, como una prueba inexpugnable del fracaso socialista,
a sabiendas que hace aguas el capitalismo rentístico y su
condición periférica.
@jfortique
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