Tal parece que las reformas
constitucionales orientadas al fortalecimiento del sistema judicial oficial han
sido derrotadas. De concretarse, esta derrota será el resultado de una
correlación histórica de fuerzas que constituye el marco de posibilidad que
finalmente impida la aprobación de las reformas planteadas.
Mario Sosa / Especial para Con Nuestra América
Desde Ciudad de Guatemala
Estamos ante una correlación de fuerzas de
larga duración que en la historia reciente implicó la derrota militar del
movimiento revolucionario y, posteriormente, de la consulta popular de 1999, en
la cual se sometieron las reformas constitucionales devenidas de los acuerdos
de paz.
En este momento volvemos a corroborar que
la correlación de fuerzas es favorable a la clase social dominante,
representada en su partido político matriz, el Comité Coordinador de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que ha
resultado ser decisivo. Esta clase social ha tenido la capacidad de gestar una
alianza dentro y fuera del Congreso de la República para obstaculizar e impedir
que la propuesta de reforma constitucional se abra camino.
En el Congreso, esta alianza articula a los
partidos políticos Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación); Partido
Patriota (PP, recientemente inhabilitado); Libertad Democrática Renovada
(Líder, también inhabilitado); Movimiento Reformador (MR); Compromiso,
Renovación y Orden (CREO); Partido de Avanzada Nacional (PAN); Todos; Unión del
Cambio Nacional (UCN); y Alianza Ciudadana. Estas representaciones políticas
tienen la característica de ser fuerzas conservadoras de derecha, las cuales
representan, agregan e intermedian intereses empresariales y mafiosos. Todos,
sin excepción, han cerrado filas ante los débiles embates de las fuerzas
reformistas y de anticorrupción. Esta alianza, además, es en parte el correlato
que se expresa en el Organismo Ejecutivo, el cual, aun con sus profundas
debilidades, con sus incapacidades y con las muestras de los vínculos de
algunos de sus dirigentes con el crimen y la corrupción, constituye un factor
más que es articulado en esta trinca del establishment.
Esta correlación de fuerzas no sería
posible sin la hegemonía reproducida por los medios de difusión y comunicación masiva,
las Iglesias conservadoras, la mayoría de los partidos políticos, las cámaras empresariales,
etc. Esta hegemonía es la combinación de una serie de factores como el clasismo
que legitima la explotación, el expolio y la exclusión social; el racismo, que
niega toda posibilidad a sujetos que no estén identificados por la blancura de
su piel y por su cultura occidental; la ideología anticomunista,
que ve en todo aquello que protesta o discrepa del statu quo un
sinónimo de insurgencia; el falso paradigma de desarrollo fetichizado en el
imperio en decadencia; la democracia como sinónimo de elecciones en las cuales
gana el que más paga; el paradigma iusnaturalista y positivista occidental del
derecho, que excluye el reconocimiento de sistemas jurídicos que corresponden a
otros tipos de paradigmas y que impide cultural e ideológicamente el cambio
social en general y las reformas que tiendan a aminorar un milímetro el dominio
de la clase dominante y de los poderes fácticos en el país.
En este marco, las fuerzas reformistas,
encabezadas por organismos estatales (como el Ministerio Público y el Procurador
de los Derechos Humanos) o paraestatales (como la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala —CICIG—) y respaldadas por la Embajada de Estados
Unidos, constituyeron un factor insuficiente para lograr este cambio, que (como ya lo hemos planteado[1]) estaba
acotado e incluso era conservador si se piensa en las transformaciones
profundas que requiere el Estado o en la necesidad de fundar un Estado
diferente.
En este sentido, el Gran Consejo Nacional
de Autoridades Ancestrales, como estructura de autoridad y de poder procedente
de sujetos subordinados y oprimidos que pretendían la reforma constitucional y
particularmente el reconocimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos
indígenas, constituyó un actor importante en este polo reformista. Si se piensa
en su pretensión específica, su fuerza también fue insuficiente por su limitada
capacidad de dirección política, de alianzas, de organización y de movilización
política para enfrentar no solo la estrategia desplegada por el Cacif y el
conjunto de las fuerzas conservadoras, sino también para lograr un quiebre en
la hegemonía que permitiera gestar una relación de fuerzas favorable a su
propósito. Estos serían los factores objetivos y mayores que llevarían a dichas
fuerzas a concebir y concretar una salida audaz y digna al retirar el artículo
203 de la discusión política y legislativa y, según su declaración, abrirles
paso a las demás reformas en materia de justicia.
Sin duda, habrá que generar las acciones
necesarias de sistematización, análisis e interpretación de esta experiencia de
lucha por la reforma constitucional. Estas tareas corresponden, obviamente, a
todos los actores que se plantearon formularla y apoyarla. También es necesario
replantear un conjunto de supuestos que operaron en las fuerzas reformistas o
en aquellas otras que, aun cuando se proponen cambios más profundos,
consideraron la necesidad de apoyar estas modificaciones constitucionales. Esto
será importante para pensar qué, para qué, quiénes y cómo deberá avanzarse para
impulsar estrategias coherentes, para quebrar la hegemonía favorable a los
poderes reales y, finalmente, para lograr cambios históricos, que son los que
el Estado guatemalteco en particular requiere. Es importante aun si las
reformas constitucionales que aún sobreviven en el procedimiento legislativo
logran abrirse paso, lo cual, reitero, parece poco probable.
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