Estamos ante una crisis
de gobierno. Pero no estamos ante una crisis de Estado, y menos ante una crisis
del régimen. El modelo de acumulación dominante como razón de Estado tampoco
está en riesgo.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
La crisis del gobierno
de Jimmy Morales era previsible, ya que es resultado de una elección amañada y
una salida a la crisis de 2015 que no resolvió las causas fundamentales que la
generaron. También era previsible por el círculo de poder del presidente,
integrado por grupos vinculados con violaciones de derechos humanos y hechos
ilícitos, así como por las incapacidades y ejecuciones erróneas de aquel.
No es extraño, pues,
que el detonante de esta crisis sea el muy probable involucramiento delictivo
del presidente en el financiamiento ilícito de su campaña cuando era secretario
general del partido FCN-Nación. Este hecho tiene como antecedente las
inconsistencias contables en 2014 y 2015, que provocaron la sanción del
Tribunal Supremo Electoral a dicho partido en 2016. A esto se suman los
intentos fallidos del Ejecutivo de lograr la sustitución del comisionado de la
Cicig y su posterior expulsión del país luego de declararlo no grato. Esto hizo
que el Gobierno quedara aún más en entredicho, principalmente porque el
presidente es parte investigada en un contexto en el cual la Cicig y el MP
cuentan con opinión pública favorable gracias a sus resultados.
Lo anterior constituyó
un factor grave que ahondó el proceso de desgaste y de pérdida de legitimidad
del gobierno de Morales, sobre el cual pesan ahora señalamientos por su acción
oficiosa a favor de sectores oscuros que intentan mantenerse impunes. No
obstante el revés al antejuicio vivido el 11 de septiembre, el riesgo de su
relevo continúa. En este marco, es posible una sustitución presidencial al
estilo de 2015, de la cual no está exento tampoco el vicepresidente Jafeth
Cabrera, dados los indicios de que también él pudo haber aceptado
financiamiento ilícito.
Quienes controlan los
hilos de poder podrían proceder —ciertamente presionados— de la manera como lo
hicieron con Pérez Molina y Baldetti, es decir, operando las instituciones para
sacrificar figuras políticas prescindibles. De hecho, cuentan con los recursos
y las capacidades de poder para decidirlo. Esto podría suceder, dado que las
posibilidades de maniobra del gobernante pueden debilitarse fácilmente. Los
apoyos públicos y tras bambalinas, incluso el de más de algún grupo corporativo
empresarial, parecieran ser insuficientes para evitar un desenlace desfavorable
para el gobierno. Además, crece la movilización ciudadana y la opinión de que
el presidente sea investigado y procesado, posición que aparentemente es la
misma de la Embajada de Estados Unidos. Por su parte, el Cacif, pese a que ha
manifestado su acuerdo con la Cicig, presenta un ejercicio de poder dudoso y
más pareciera apoyar a Morales por las implicaciones que el caso podría tener
para varios empresarios grandes.
Ya que el Congreso
improbó el antejuicio contra el presidente —a pesar de las evidencias
irrefutables—, la crisis se amplía y profundiza. Con el desgaste que pesa sobre
este organismo, es susceptible de convertirse en un objetivo de depuración por
la ciudadanía y por poderes como la Embajada de Estados Unidos. Si la presión
interna y externa se incrementa y se suman otros casos de relevancia
investigados por la Cicig, como Odebrecht, la demanda de relevo presidencial y
la depuración del Congreso podrían imponerse como una salida en un momento
determinado.
Así las cosas, estamos
ante un gobierno que presenta una fuerte ilegitimidad por desconfianza,
descontento y desaprobación; que tiene dificultades para lograr resultados; que
enfrenta renuncias en su equipo de gobierno que podrían ser iniciales; que
experimenta el retiro del apoyo de actores de primer orden en los ámbitos
nacional e internacional, y que motiva el surgimiento de nuevas voces pidiendo
su renuncia, como Articulación por la Vida, contra la Corrupción y contra la
Impunidad. Como resultado, estamos ante una crisis de gobierno. Pero no estamos
ante una crisis de Estado, y menos ante una crisis del régimen. El modelo de
acumulación dominante como razón de Estado tampoco está en riesgo.
En este contexto, una
salida a la crisis podría resultar poco favorable a la articulación del
Gobierno y al presidente Morales, pero manejable por quienes tienen el poder
real en Guatemala y factible para estos. De hecho, la salida podría representar
a) que se concrete un pacto entre élites de poder, se resuelva la crisis y todo
siga igual, o b) que se profundice la depuración institucional, con las
investigaciones de la Cicig en marcha y la presión ciudadana en aumento.
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