El Congreso es un campo
donde las mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo
con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala -CICIG-, de la ONU, constituye una alarma encendida
para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de
“molestas” investigaciones.
Marcelo Colussi / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
Guatemala está en
crisis política, siendo la corrupción el punto a partir del cual aquélla se ha
desatado. La corrupción, sin embargo, es un fenómeno antiguo, tan viejo como el
Estado nacional mismo. O más antiguo aún: viene de la época colonial
(compraventa de títulos nobiliarios, prebendas y favores a espaldas de la
Corona, negociación de comisiones), producto de un imperio más basado en la
producción agraria-feudal y el parasitismo (Reino de España) que en la ética
del trabajo (ascendentes países industrializados anglosajones). Esa marca
originaria persiste al día de hoy, en Guatemala como en toda América Latina.
El manejo corrupto de
los asuntos públicos no se inventó aquí ni es cosa de estos últimos gobiernos:
tiene una larga historia planetaria. En todo caso, la corrupción debe entenderse como un fenómeno
humano (ello no significa “natural”, marcado genéticamente, sino producto de la
socialización), en buena medida asociado a la idea de propiedad privada. De
todos modos, el “Hecha la ley, hecha la
trampa” implica que la humanización siempre conlleva la transgresión como
una posibilidad. ¿Quién de los que está leyendo este opúsculo no “pisteó”** alguna vez, no copió
en un examen ni se “echó una canita al aire”?
Lo cierto es que el
manejo discrecional de la cosa pública ha venido teniendo un cambio dramático
en estas últimas décadas. A la luz del Estado contrainsurgente que se generó en
el marco de la Guerra Fría y el combate frontal contra el comunismo y toda
forma de organización popular, el ejército cobró un papel protagónico. La
oligarquía tradicional y el gobierno de Estados Unidos (verdaderos dueños del
poder en el país) delegaron en las fuerzas armadas la misión de “poner la casa
en orden” ante el surgimiento de un movimiento revolucionario armado y su
expansión, fundamentalmente con la población maya del Altiplano Occidental. De
ahí el genocidio cometido.
En esa guerra sin par
contra el movimiento insurgente (con cárceles clandestinas, desaparición
forzada de personas, torturas y masacres de “tierra arrasada”), el ejército fue
ganando un poder desmedido. De hecho, llegó a ser un Estado dentro del Estado,
con una enorme cuota de poder económico, y por tanto político. Terminada la
guerra en 1996, si bien oficialmente se adecuó a las nuevas circunstancias con
una fuerte reducción de su presupuesto, no perdió todo el poder acumulado
durante décadas de impunidad. Los vasos comunicantes con infinidad de
estructuras paramilitares non sanctas
se mantuvieron.
Esas formaciones
–ligadas a ex militares devenidos empresarios– son las que se fueron conociendo
como “poderes ocultos”: “Red informal y
amorfa de individuos poderosos de Guatemala que se sirven de sus posiciones y
contactos en los sectores público y privado para enriquecerse a través de
actividades ilegales y protegerse ante la persecución de los delitos que
cometen.”[1].
O: “Fuerzas ilegales que han existido por
décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder
real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado”[2].
Lo cierto es que esas estructuras, nacidas y crecidas en la más absoluta
impunidad, acostumbradas a manejarse a punta de pistola, ideológicamente
ultraconservadoras y profundamente anticomunistas, han ido constituyéndose en
una mafia intocable. Sus negocios tienen que ver con lo ilegal: crimen
organizado, narcoactividad, contrabando, tráfico de personas, de armas, de maderas
finas en el Petén, contratos corruptos con el Estado. Los vínculos con las maras no dejan de estar presentes. Esos
grupos son los que financian partidos políticos y, por tanto, tienen crecientes
cuotas de poder.
El Congreso es un campo
donde estas mafias mantienen importantes vínculos. Eso es lo que se está viendo
con la actual crisis política. La presencia de la Comisión Internacional contra
la Impunidad en Guatemala -CICIG-, de la ONU, constituye una alarma encendida
para los grupos corruptos, de ahí su imperiosa necesidad de desembarazarse de
“molestas” investigaciones. Lo que se está viendo es la escenificación de una lucha
entre el proyecto de “modernización” políticamente correcto para el área
centroamericana que impulsa Washington y la resistencia a morir de esos poderes
ocultos. Es de esperarse que la población indignada en la calle pueda lograr
neutralizar a estas mafias. Y también: ¡ir más allá del proyecto de renovación
cosmética de la lucha anticorrupción! De ahí que urge una Asamblea
Plurinacional Constituyente para comenzar algo nuevo, depurando la desgastada y
aborrecida clase política actual.
[1] Peacock, S. y Beltrán, A. (2006) “Poderes ocultos. Grupos ilegales armados en la Guatemala post
conflicto y las fuerzas detrás de ellos”. Washington: WOLA.
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