El llamado Plan Colombia,
supuestamente de combate a las drogas, fue diseñado y dirigido por Estados
Unidos, pero financiado por los impuestos colombianos: EEUU invirtió 10 mil
millones de dólares, y Colombia 120 mil millones de dólares, y hoy amenaza con
ser exportado para dirigir operaciones especiales en otras zonas de la región,
con bandera sudamericana.
Álvaro Verzi Rangel / ALAI
E
Quizá, también, para ir
creando una fuerza multinacional latinoamericana lista para intervenir en
países que lleven adelante políticas soberanas, enfrentadas a las de Washington
y el club de gobernantes neoliberales piloteados desde la Organización de
Estados Americanos (OEA).
Sería la unificación de
Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y la Iniciativa para la Seguridad Regional
de Centroamérica, ya mostrado en los documentos del Comando Sur de EEUU
"Plan 2018", y el "Operation Freedom II". No hay quiebres
entre las administraciones de Obama y Trump: por encima de ellos, el poder
fáctico lo comparten el Pentágono y el complejo industrial militar, que pueden
garantizar a las corporaciones trasnacionales el acceso a los recursos de la
región.
¿Qué es realmente?
El Plan Colombia le ha
permitido a Estados Unidos arraigar su intervencionismo político, económico y
militar en América Latina.
Es un acuerdo bilateral
que fue suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 1999
durante las administraciones del presidente colombiano Andrés Pastrana y el
estadounidense Bill Clinton con tres objetivos específicos declarados: generar
una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia
y crear una estrategia antinarcóticos, aunque destaca su contenido geopolítico.
Pero realmente resultó
ser una pantalla para cubrir la implantación de fuerzas armadas estadounidenses
en Colombia. Las operaciones militares fueron dirigidas desde Washington por el
general Barry McCaffery, ex comandante en jefe de las fuerzas militares
estadounidenses en América del Sur, y nombrado jefe de la lucha antidroga por
Bill Clinton en enero de 1996. Éste implementó el uso de paramilitares contra
la guerrilla de las FARC-EP. El Plan Colombia se supone que es un plan de
acciones concretas entre el gobierno de Estados Unidos y de Colombia para
erradicar el problema de la droga, sin embargo, destaca su alto contenido
geopolítico.
La prioridad que se le
otorgó a la modernización del Ejército colombiano con el pretexto del combate a
la drogas muestra su inconsistencia con el aumento de efectivos civiles y
militares estadounidenses (además de siete bases militares) en territorio
colombiano quienes participaron cada vez más en el combate a la insurgencia.
Con presencia de tropas
propias EEUU lograba proteger la extracción de petróleo, carbón, oro y
minerales estratégicos, garantizándose la adquisición de materias primas a bajo
costo y asegurando, además la inversión de capitales extranjeros, las siete
bases militares y el cambio de correlación de fuerzas con unos diálogos de paz
que pusieran fin al conflicto armado.
La inútil guerra contra
las drogas seguirá siendo la excusa "legal" para que EEUU, el
principal consumidor, garantice su presencia en su alianza con las derechas
latinoamericanas. Nada ha cambiado en este aspecto, apenas los improperios de
Trump, a los que uno también se acostumbra.
Cabe recordar que en este
año fueron asesinados en Colombia decenas de líderes sociales, continuó el
desplazamiento forzado, el despojo de tierras y la existencia de grupos armados
paramilitares, gracias, en parte, a la asistencia militar de Estados Unidos que
en 2017 llega a los 203,9 millones de dólares. Buena parte de ese presupuesto
va a EEUU, abastecedor de las armas y el “servicio de entrenamiento”.
El Estado colombiano
destinó el 13.1% del presupuesto nacional (unos 10 mil millones de dólares) a gestos
en defensa este año y sólo 9% a salud y protección social (unos 7.200 millones
de dólares). En 2017, la Agencia de Control Internacional de Narcóticos y
Aplicación de la Ley-INCLE (por sus siglas en inglés) destinó 143 millones de
dólares en asistencia para la seguridad dentro del Plan, a sumarse a los 135
millones del año anterior. El Plan antidrogas militar y represivo, sigue
vigente.
El presupuesto 2018
-administración Trump- plantea fondos de apoyo económico y fondo de desarrollo;
control internacional de narcóticos; no proliferación, antiterrorismo,
desminados; educación y formación militar internacional, minimizando los
compromisos de reformas sociales de los Acuerdos de Paz.,
A la par, sectores
políticos de ambos países presionan para inhabilitar el acuerdo de sustitución
manual de cultivos de uso ilícito acordado con Barack Obama, con el argumento
de que ha habido aumento de las áreas cultivadas. La sustitución del Plan
Colombia por el de Paz Colombia, anunciado por Santos y Obama, fue apenas una
jugada retórica y publicitaria, porque en realidad la presencia de marines en
las bases militares sigue tan campante, así como la política punitiva que
impulsa Estados Unidos, y con la que concuerda Santos.
Ejército y experiencia de
exportación
Según los analistas
colombianos, la intención no es sólo la de mantener el Plan Colombia, sino
exportarlo a Centroamérica, y pinzarla con la extensión del Plan Mérida desde
México, para garantizar el control del tránsito de la droga desde Sudamérica a
Estados Unidos.
En 2015, John Kelly,
entonces Jefe del Comando Sur y hoy Jefe de Gabinete de Trump, decía que
"hace años todos creían que rescatar a Colombia de la violencia era
imposible, tal como muchos creen ahora con respecto al caso del Triángulo Norte
(Honduras, Guatemala, El Salvador), pero la misión imposible fue posible”.
Hoy Kelly planea que esos
"esfuerzos" de inteligencia e información se apliquen para
militarizar el Triángulo Norte y trasladar la inestabilidad a la triple
frontera en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Paraguay), centrando operaciones en
Paraguay, donde ya existe una fuerte presencia de asistencia militar y policial
colombiana.
Socio de la OTAN
Cabe recordar que el 30
de abril de 2009, siendo ministro de la Defensa de Uribe, hizo este resumen de
su poderío militar durante una conferencia: “Pasamos de 313 mil hombres a
cuatrocientos treinta mil en el año 2008, un incremento de 40%. Se han
comprado, entre otros equipos, 44 helicópteros, 52 aviones y 502 automotores de
todo tipo para darle movilidad, efectividad de reacción y capacidad de reacción
a nuestra fuerza pública”.
“También compramos 161
unidades navales y fluviales como lanchas patrulleras y botes de apoyo fluvial
y de combate, e iniciamos la repotenciación de cuatro fragatas y 3
submarinos...”, añadió entonces, recuerda el director del diario venezolano
Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel.
En esos años, por vía del
Plan Colombia, ese país se convirtió en el quinto en el mundo en recibir mayor
ayuda militar de Estados Unidos, solo superado por Israel, Egipto, Corea del
Sur e Irak. Simultáneamente, facilitó seis de sus bases militares para que
fueran asiento de unidades de EEUU, y les cedió la base de Palanquero, la más
próxima a Venezuela, que tiene capacidad para llegar hasta el sur de América
del Sur
Tampoco hay que olvidar
su afiliación a la Otan, lo que supone un impacto para la seguridad y defensa
integral de Venezuela y la región. Santos señaló entonces que “Colombia tiene
derecho a pensar en grande”, y que él buscaría ya no solo ser los mejores de la
región, sino del mundo entero, (…) nuestro Ejército estará en la mejor posición
para poder distinguirse también a nivel internacional...”.
Logrados los acuerdos de
paz, el Ejército colombiano quedó liberado de su enfrentamiento con las
guerrillas. No ha sido nada casual que senadores en Washington le ofrecieron al
presidente Santos su cooperación para conseguir ayuda militar para enfrentar la
amenaza venezolana, y, sin ninguna duda, en la larga entrevista con el
presidente de EEUU, el mismo Trump anunció que había conversado para “ayudar a
Venezuela”.
El acuerdo Colombia-OTAN
de 2013 tenía como uno de sus objetivos estratégicos que el país sudamericano
se constituyera en un aliado para combatir “la delincuencia trasnacional y
otras amenazas” a la seguridad hemisférica.
Esto es, un territorio
para el control geoestratégico de un continente que durante la última década
había puesto en cuestión la capacidad hegemónica de los EEUU. De ahí, el amplio
rechazo que generó el acuerdo en los gobiernos boliviano, venezolano,
ecuatoriano y brasileño, que señalaron que este acuerdo ponía en cuestión la
integración regional y los acuerdos establecidos en el marco de la CELAC y
Unasur a través de los cuales se reconoció a América Latina y el Caribe como
zona de paz.
Así, la condición de
“aliado extra-OTAN” fue catalogada como una amenaza a los equilibrios
geopolíticos alcanzados en la región, para tensar la cuerda de las relaciones
colombo-venezolanas; amenazar a sus vecinos y precipitar el aumento del gasto
militar en la región; debilitar a la Unasur y la CELAC; alinearse con Gran
Bretaña en el diferendo con la Argentina por las Malvinas, dado que esa es la
postura oficial de la OTAN.
Recientemente, el
director de la CIA, Mike Pompeo aseguró que Venezuela se encuentra influenciada
por Hezbollah e Irán, dos de los actores geopolíticos que Washington ubica
dentro del “Eje del Mal,” y que por ello “puede convertirse en un riesgo para
los EEUU”. Pompeo habló también sobre el uso de Colombia como principal punto
de avanzada, junto a México, en una política coordinada contra Venezuela, que
va desde lo militar hasta lo económico y diplomático.
Esta maniobra de
“inteligencia” busca fortalecer el relato de que Venezuela es un país promotor
del “terrorismo islámico”, por más que Irán y Hezbollah, junto a Rusia y Siria,
sean los principales responsables de su inminente derrota en Medio Oriente, en
los últimos años.
Esta es la “narración
clara” recomendada por el Consejo del Atlántico (un think tank de los varios
aliados a Washington) al gobierno estadounidense, que permitiría escalar las
agresiones contra el país, debido a que EEUU ve en Venezuela una “amenaza inusual
y extraordinaria” a sus intereses, basado en el Decreto Obama de 2015, base
jurídica e institucional de todo su accionar injerencista y con el que
establece un estado de emergencia con relación a Venezuela.
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