En un contexto en el
cual los múltiples intereses, estrategias, etcétera, están en marcha y los
procesos de investigación y hallazgos de corrupción y crimen siguen
comprometiendo aún más al Organismo Ejecutivo y al Legislativo, la continuidad
inmediata de la crisis está asegurada y podría extenderse y profundizarse.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde Ciudad de
Guatemala
La crisis política se
ha extendido. Alcanza también al Organismo Legislativo. Esto se explica por la
resistencia férrea que mantiene la articulación de estructuras políticas,
económicas y mafiosas que unieron intereses en torno al FCN-Nación para
defenderse de la amenaza por procesos de investigación y judiciales, así como
por el aumento del rechazo de distintas fuerzas sociales y políticas. Lo
previsible es que su fuerza sea diezmada y eventualmente sustituida en el
control tanto del Legislativo como del Ejecutivo.
De ocurrir tal
desplazamiento, este no necesariamente implica la desaparición de dichas
estructuras, ya que en su carácter de redes pueden mutar y trasladarse a otras
empresas partidarias y fuerzas políticas que incluso podrían estarse gestando
ya, de cara a la siguiente contienda electoral. Así sucedió cuando migraron
rápidamente del PP y de Líder al FCN-Nación, pasaron a integrar el bloque de
partidos que controlan el Congreso de la República y vincularon a un tercio de
las alcaldías municipales, a un conjunto de medios de comunicación masiva y a
algunos cuadros secundarios en el Organismo Judicial.
Las evidencias
procedentes de la investigación y el procesamiento de partes de estas
estructuras informan que estamos ante redes de políticos, de funcionarios
públicos, de militares y exmilitares, de empresarios tradicionales y emergentes
y de criminales per se que se articulan dentro y fuera del Estado para el
control de la institucionalidad y de la política pública. Su objetivo es
extender y aumentar el control del mercado lícito e ilícito, la acumulación de
capital y el enriquecimiento procedente de la corrupción y del saqueo de los
bienes comunes.
Lo anterior implica que
los segmentos visibles y no visibles de las redes y actores legales y legítimos
que hoy están atrincherados también accionan para frenar los procesos de
investigación y enjuiciamiento en su contra y garantizar que el actual gobierno
concluya su período. Es en este marco en el que debe comprenderse la campaña
política con la que se intenta detener y desvirtuar la acción de la Cicig y del
MP y las movilizaciones masivas mediante las cuales se exige el antejuicio, la
investigación, la renuncia y el enjuiciamiento del presidente, la depuración o
disolución del Congreso, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos
(entre otras normas) y la convocatoria a una asamblea nacional constituyente
para la redacción de una nueva Constitución que funde un nuevo Estado.
Acudimos entonces a una
disputa cuyo resultado dilucidará hasta dónde se logra el enjuiciamiento, la
captura y el desplazamiento de quienes integran estas redes y estructuras. Esta
disputa dependerá, desde mi punto de vista, de la decisión y la capacidad de
segmentos de poder dominante para lograr tal objetivo y de la movilización
social, que tiene como móvil inicial la indignación, el rechazo de la
corrupción y la depuración de la Presidencia y del Congreso.
En el primero de los
casos, pareciera que Estados Unidos, en el desarrollo de su estrategia y de sus
acciones procedentes del Departamento de Estado, operadas por congresistas y
funcionarios gubernamentales y por su embajada en el país, está decidido a
avanzar en sus planes injerencistas. En especial, con la imposición de su
agenda, que se traduce en la búsqueda de que las investigaciones de la Cicig y
del MP logren procesar a funcionarios del más alto rango, como sucedió con el
gobierno anterior y como sucede con el actual. También pareciera que algunos
grupos empresariales —en coincidencia con la Embajada de Estados Unidos—han
decidido el retiro de su apoyo al Gobierno, lo cual se manifiesta en la
renuncia de los ministros de Finanzas, Gobernación y Trabajo.
Con relación a la
movilización social, esto dependerá de la agenda que se logre madurar y
convertir en hegemónica en este marco: una agenda acotada y conservadora o una
estratégica y transformadora. Asimismo, dependerá de cuál será la estrategia,
la capacidad organizativa (de articulación) y la capacidad para dilucidar los
espacios, los tiempos y el tipo de acciones convenientes y necesarias para
impulsar los objetivos que se propongan.
En un contexto en el
cual los múltiples intereses, estrategias, etcétera, están en marcha y los
procesos de investigación y hallazgos de corrupción y crimen siguen
comprometiendo aún más al Organismo Ejecutivo y al Legislativo, la continuidad
inmediata de la crisis está asegurada y podría extenderse y profundizarse.
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