Balance político de la rebelión social ciudadana y popular en la sociedad neoliberal chilena. 18-0 a 18-N de 2019.

En este artículo analizaremos política y socialmente el desarrollo de la rebelión social estallada el 18-O y que a partir del 15N ha iniciado una segunda fase de su desenvolvimiento. La primera fase el protagonismo lo tuvieron las y los ciudadanos movilizados y en la segunda, son los partidos políticos, los que han tomado la iniciativa abriendo una nueva estructura política de oportunidades para producir el cambio político institucional en la sociedad neoliberal chilena.

Juan Carlos Gómez Leyton / Especial para Con Nuestra América

Desde Santiago de Chile

El pueblo chileno lucha sin más armamento que sus puños y gritos.

Una juventud consciente formada y auto-organizada  es peligrosa para el Estado.

Somos la rebeldía que se levanta en Ecuador, Hong Kong, Haití, Barcelona

y en todos los rincones del mundo.

Vamos por todo y no tenemos miedo.

A las y los caídos y heridos en combate para

hacer posible una sociedad más humana.

Introducción

Al inicio del estallido social del 18-0 establecimos tres posibles escenarios políticos. Transcurrido el primer mes del estallido, tenemos la certeza que uno de ellos se ha ido consolidando y encauzando la protesta social hacia un objetivo radicalmente distinto, tal vez, al planteado o propuesto o deseado por los sujetos y actores de la rebelión.

Los tres escenarios políticos diseñados fueron los siguientes: (a) una salida política-militar-autoritaria (que la caracterizamos como una dictadura fujimorista peruana); (b) negociación política entre el gobierno y la oposición política destinada a configurar una vía política institucional para sofocar la rebelión y (c) la radicalización de la rebelión social en la perspectiva de la destitución –vía renuncia- del Presidente de la República a través de un “golpe de estado ciudadano”.

De estos tres escenarios el que ha sido impuesto por el poder estatal y, al parecer, domina la escena política, hasta hoy 19 de noviembre, es el (b). O sea, el de la negociación política. Es decir, la vía política institucional destinada a resolver la crisis política como encauzar la rebeldía social por los caminos propios del sistema político y con ello desmovilizar a la ciudadanía en rebeldía.

En este artículo analizaremos política y socialmente el desarrollo de la rebelión social estallada el 18-O y que a partir del 15N ha iniciado una segunda fase de su desenvolvimiento. La primera fase el protagonismo lo tuvieron las y los ciudadanos movilizados y en la segunda, son los partidos políticos, los que han tomado la iniciativa abriendo una nueva estructura política de oportunidades para producir el cambio político institucional en la sociedad neoliberal chilena. Según lo que se perfila, este no será un cambio social profundo que afecte directamente la estructura del poder social neoliberal, o sea, su base material, sino, más bien, será un cambio político concentrado en la estructura jurídica-política del Estado.

Nuestra exposición será ir delineando lo ocurrido en cada uno de los escenarios señalados y al mismo tiempo iremos dibujando lo que podría ocurrir en el futuro inmediato. Este es un proceso histórico abierto y en desarrollo. Pero, que tiene una hoja de ruta y un cronograma semi estructurado la interrogante que se impone: sería los sujetos y actores de la rebelión estallada el 18-O, pero iniciada los primeros días del mes de octubre, se someterán o lo alterarán. Ese es el dilema del periodo que se inicia.

I.- El fracaso político de la salida político-autoritaria-militar.

La suspensión, por el momento, de la estrategia política militar-autoritaria propuesta por parte del Ejecutivo como también de los sectores más duros del Chile Vamos, la UDI, por ejemplo; se explica, fundamentalmente, por la falta de apoyo político y logístico de parte del principal actor de ella: las Fuerzas Armadas. En efecto, el principal obstáculo que tuvo esta estrategia su estuvo -dado las señales que se han emitido desde el gobierno y de la institucionalidad armada- en la debilidad logística para su implementación, expresada en la ausencia de contingente militar. En otras palabras, las Fuerzas Armadas, no tenían hombres y mujeres, o sea, tropa, para ocupar militarmente al país. No obstante, también son posibles otras interpretaciones que nos llevarían hacía otros derroteros. Lo concreto, es que el Ejecutivo, el presidente Piñera, en dos oportunidades no fue apoyado en su intento de ejecutar una salida político militar. Por eso debió, impulsar a regañadientes, con bastante desagrado, disgusto la solución político institucional de la negociación política. Ella, como veremos, implicaba aceptar algo más que un aspecto mínimo de la principal demanda ciudadana expresada masivamente en las calles relativa al cambio constitucional. Si bien, luego del 25-O el presidente, se abría a impulsar un conjunto de reformas constitucionales e incluso se habló de un Congreso Constituyente, para esos efectos. Sin embargo, la huelga general, lo obligó a dar un paso mayor. Aceptar la posibilidad de reemplazar integralmente la Constitución Política de 1980. Esta decisión, sin lugar a dudas, es una gran decisión política. Pues desde su aprobación en 1980, la Constitución de la dictadura, ha sido uno de los principales pilares que sostienen la estructura jurídica-política de la dominación neoliberal. Y, en 39 años de existencia, la derecha, solo en dos ocasiones, 1989 y 2005, habían aceptado y concordado realizar específicas y puntuales reformas a la Carta Magna. Reformas o cambios constitucionales que dejaban intactas las bases estructurales de ella. Sin embargo, la Rebelión social y la huelga general ciudadana y popular habían logrado vencer la férrea defensa político institucional de la Constitución. Así, el 12 de noviembre un acongojado e ido presidente: convoco a la ciudadanía y a sus actores políticos a un acuerdo por la paz, la justicia y, sobre todo, por una nueva Constitución Política. Cerrando de esa manera, vuelvo a decir, momentáneamente la salida político-militar a la crisis social y política que afecta directamente a su gobierno. 

2.- La apertura de la vía político institucional para una Nueva Constitución

2.1 El rol político de la Huelga General y de la Mesa de Unidad Social

El llamado a la “Paz” y por una nueva constitución, realizado por parte del ejecutivo no fue solo una reacción desesperada ante el no apoyo político de las FF. AA como también de los otros poderes del Estado, expresado en la fracasada convocatoria al CONSENA, del día 11 de noviembre, sino, fundamentalmente, al éxito de la huelga general convocada por la mesa de Unidad Social, el día 12N.

La Huelga General que, si bien, no paralizo en un 100% las actividades productivas, comerciales, bancarias y otras del país, lo hizo en un 70%. Esta fue una contundente y poderosa demostración de fuerza social y política de parte de la ciudadanía nacional. La ocupación callejera de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos rebeldes con importantes hechos de acción directa contra los símbolos del capital, remeció con fuerza las estructuras no solo del sistema político sino del poder social de la sociedad neoliberal chilena. Según el Centro de Investigación Político Social del Trabajo, CIPSTRA, que realizo un detallado análisis de la huelga general, concluyó que esta ha “sido la paralización con mayor masividad y repercusión económica que se haya realizado en el país desde el retorno de la democracia en 1990, y posiblemente desde el golpe de Estado de 1973”.

Su extraordinario éxito social, exigía política y socialmente de pasar a la ofensiva y haber decretado, luego de los anuncios de Piñera, la huelga general indefinida, demando la renuncia del Presidente. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario, tengo la impresión, que la mesa de Unidad Social, se paralizo ante el éxito de su convocatoria. 

En política el manejo y el control del “tiempo político” es central y sus actores deben saber manejarlo en función de sus estrategias. La mesa de Unidad Social, no fue sensible al tiempo político. Por esa razón, perdió, durante tarde-noche del día 12N, la oportunidad de transformarse en la plataforma dirigente de una movilización que, hasta ese día, no tenía una conducción política clara y estructurada. En vez, de convertirse en los dirigentes de la rebelión, optaron por esperar, o sea, dejar pasar el tiempo. Y, hoy a siete días del exitoso paro nacional, es válido preguntarse que estaban esperando. La correlación de fuerzas sociales estaba íntegramente intactas al interior de la rebelión. Era cuestión de apretar el acelerador para empujar el carro de la sublevación e insurrección ciudadana directa solicitando la renuncia del gobierno. Por ende, producir, la caída del sistema político, para iniciar la construcción del nuevo orden social, político y económico nacional. En otras palabras, el escenario tres previsto para la radicalidad de la movilización estaban dadas tanto objetivas como subjetivas, pero Unidad Social, absurdamente, se congelo.

Por consiguiente, aquellos que habían llamado a la huelga general no supieron qué hacer ante el éxito de ella. Y, en vez, de avanzar, se detuvieron. Mostraron debilidad política, falta de coraje y, sobre todo, carecieron de audacia y astucia táctica para ir sobre un adversario político que estaba a punto de ser derrotado. Tengo la impresión que Unidad Social tuvo miedo, temor, de asumir la responsabilidad política de realizar aquello que los movimientos sociales de Ecuador, Bolivia, Argentina y otros países de la región han realizado: botar al mal gobierno y destituir al presidente de la República en ejercicio. La renuncia del Presidente Piñera, permitiría abrir la estructura política de oportunidades para la expresión del poder ciudadano constituyente originario, democrático y revolucionario.

Sin embargo, esa posibilidad se esfumó.  Pienso, que será muy difícil que, en los próximos días y semanas, se vuelva constituir una coyuntura política semejante. Fundamentalmente, porque el gobierno y el sistema político, en otros, términos la institucionalidad política estatal, ha tomada la iniciativa y la ofensiva y quien se encuentra, ahora, relativamente desconcertada es la ciudadanía movilizada, especialmente, los sectores ciudadanos políticos “tradicionales”, es decir, aquellos que hacen política al interior del sistema político y que esperan que sean los dirigentes políticos o sociales los que los conduzcan y dirijan políticamente.

Esta ciudadanía hoy tiene que decidir entre continuar participando activamente en la rebelión social o ingresar a la vía político-institucional propuesta por el orden neoliberal y sobre todo se apoya y sigue el Acuerdo Político por la Paz acordado por los partidos políticos. Por lo tanto, de ir ganando la “guerra” la rebelión social paso, en menos de 48 horas, a estar asediada por sus dos principales adversarios el gobierno y la clase política. La rebelión social está a punto de ser derrotada. Esta afirmación puede ser fuerte, pero políticamente realista e incluso, acertada. La principal responsabilidad de esa posible derrota recaería en la Mesa de Unidad Social. Lamentablemente, sus dirigencias no han estado a la altura de los acontecimientos.

2.2  De la guerra a la Paz

El discurso realizado por un nervioso, desencajado, extraviado y desorientado primer Mandatario al filo de la medianoche del día 12 N, fue amplificado y multiplicado por los medios de comunicación oficialista. A pesar del estupor y desconcierto inicial, expresado públicamente por el conductor de CNN, Fernando Paulsen, quien abrió su programa Ultima Mirada, con las siguientes interrogantes: “¿Qué… no quiero decir un garabato, pero… ¿qué cresta fue lo que pasó? ¿De qué se trató esta intervención del Presidente Piñera?”. Sin embargo, con el correr de las horas la nueva estrategia gubernamental comenzó a delinearse de manera clara y a concitar diversas y variadas adhesiones políticas.

La locución, la corporalidad y la gesticulación del Presidente en aquella ocasión era, inequívocamente, la expresión manifiesta de un hombre derrotado y fracasado. Él había apostado por una nueva intervención militar. Pero, no contó con el apoyo al interior de su sector. Y, lo más probable que fue obligado a proponer la salida político institucional que implicaba acceder no solo el cambio constitucional sino, algo mayor, proponer la elaboración de una nueva constitución política que reemplazara a la autoritaria e ilegítima Constitución Política de 1980. Ello explicaba su desconcertado discurso por la Paz, la justicia y, especialmente, por una nueva Constitución.  

Ahora bien, para que su propuesta fuera viable y exitosa requería del apoyo de todos los actores políticos y sociales del establishment y defensores del orden neoliberal. Era urgente que se pronunciaran los principales actores del mercado (gremios empresariales, comerciales, financieros, las PYMES, etcétera), de la sociedad civil (universidades, organizaciones sociales, sindicales, universitarias, secundarias, medios de comunicación, entre otros) y de la sociedad política (partidos políticos). Los días 13, 14 y 15, las adhesiones a la propuesta provinieron de todos los rincones de la sociedad neoliberal, tanto partidarios del presidente como sus opositores se pronunciaron a favor de ella. En medio de la conmemoración del primer año del vil asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y de nuevas acciones de violencia social de parte de los grupos radicales de la Rebelión, se iniciaron las conversaciones entre los agentes políticos de todos los sectores para lograr consensuar un acuerdo político que detuviera, frenara o morigerara, por un lado, el desmoronamiento del gobierno y sostuviera en su pedestal al presidente Piñera y, por otro, a la Rebelión. Debía ser un acuerdo político que tuviera esa doble dimensión. De no tenerla, el gobierno caería y el triunfo de la Rebelión podría ser inminente.

Ante la gigantesca manifestación de fuerza social y política de la huelga general apoyada con una activa movilización callejera y de numerosas acciones directas de violencia social en contra de los símbolos de la opresión capitalista y estatal. La apelación directa a la condena de la violencia social y política ciudadana constituía, por cierto, un requisito indispensable para instituir la paz. Obviamente, todas las fuerzas sociales y políticas vinculadas con el orden neoliberal como también los sectores moderados de la ciudadanía movilizada, asumieron la cruzada por la Paz, como una misión fundamental y central para restaurar la convivencia social y ciudadana. De esa forma el país, podría volver a funcionar con normalidad.

Sin embargo, la Paz, como he dicho, requería de un acuerdo político. Obviamente, ha este, por cierto, no iban a concurrir la ciudadanía movilizada ni, tampoco, Unidad Social, pues, el presidente Piñera, ambos los había ignorado abiertamente. Por esa razón, no los había ni convocado ni invitado a sentarse a conversar la “pipa de la Paz”. Su llamado estuvo dirigido a los partidos políticos integrantes del orden neoliberal y, sobre todo, con representación parlamentario. Ellos eran actores estratégicos e interlocutores válidos para concertar la paz.

2.3 Los walking dead: los partidos políticos y ciudadanos políticos tradicionales.

Como lo señalamos en un artículo anterior los partidos políticos del orden neoliberal fueron obsecuentes con los acuerdos establecidos por el presidente Piñera. Con matices, pero, sin mayores diferencias aceptaron los dos primeros. No obstante, las diferencias fuertes y las divergencias radicales se situaron y se manifestaron en torno al tercero, es decir, la mayoría estaban de acuerdo en acordar que se requería una Nueva Constitución Política del Estado. Salvo la UDI.

Sin el concurso y activa participación de la UDI, ningún acuerdo político entre estos actores es políticamente viable y posible. De producirse algún acuerdo, sin su participación, es un acuerdo fallido y sin destino. Incluso, si en él, por ejemplo, no participaran otros partidos políticos oficialistas o de oposición, el acuerdo podría implementarse. Como quedó demostrado, luego del 15N. Pero, sin la UDI, no hay acuerdo posible, especialmente, para avanzar hacia el cambio constitucional, sea ya, menor, reformas a la Constitución actual, o, mayor, su total reemplazo. La UDI es, jugador, un partido político, que posee un gran poder de veto. Tanto al interior de su sector como en el sistema partidos vigente. Es, un actor político estratégico, o sea, tiene la capacidad de movilizar diversos recursos sociales y políticos con el objeto de tanto de defender como para imponer sus objetivos políticos y, sobre todo, para preservar la institucionalidad pinochetista.

Ningún otro partido político del orden neoliberal actual tiene y posee, ese poder de veto. Ni siquiera la Democracia Cristiana. Ni tampoco el Partido Socialista de Chile. Los primeros pueden frenar iniciativas como, por ejemplo, la Acusación Presidencial patrocinada por algunos parlamentarios de oposición. Pero, ellos, por sí mismos, no paralizan la actividad política de la oposición ni frenan acuerdos generales. La UDI, tiene ese poder. Fundamentalmente, porque, la UDI, posee poder infraestructural partidario, o sea, capacidad de estar presente en los principales poderes fácticos de la sociedad civil neoliberal,

Por esa razón, vencer la resistencia y oposición de la UDI a la idea de cambiar total y completamente la Constitución de 1980 fue una tarea altamente tenaz y compleja. El haberlo logrado constituye un gran éxito para todas y todos los que presionaron a su dura presidenta Jacqueline van Rysselberghe.

La firma de la UDI en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, el denominado acuerdo político histórico, abrió una nueva estructura política de oportunidades para que la clase política del orden neoliberal y el gobierno de Sebastián Piñera, lograran salir “bailando” del rincón y atolladero que los tenía la Rebelión social y ciudadana del 18-0. En un rápido contraataque recuperaron la iniciativa política.

Los partidos políticos del orden tanto los que representan a los sectores dominantes del gran capital empresarial como también de importantes sectores de la mediana y pequeña burguesía empresarial, mercantil, financiera y productiva (UDI, Renovación Nacional, EVOPOLI) como aquellos que hablan y expresan los intereses de las capas medias de las PYMES, de los profesionales liberales y comerciales, y la clase media asalariada (PDC, PDD, PRSD, PSCH, FA, entre otros) y los tradicionales partidos que expresan a los sectores populares y trabajadores (PCCH, principalmente), atraviesan por una profunda crisis de credibilidad, confianza y de representación.

En efecto, en la sociedad neoliberal no hay espacio ni lugar para los partidos políticos. Ellos sobreviven artificialmente, gracias a un régimen político que los sostiene y que le atribuye la condición de primordiales. Si bien, son las normas y reglas institucionales de la democracia representativa, los que los mantiene vivo. Como he sostenido en otros lugares son verdaderos “walking dead”, o sea, “muertos vivientes”. 

Esta condición es, por cierto, valida sin ningún distingo para todos los partidos políticos actuales con o sin representación parlamentaria como también para aquellos partidos que tienen militantes ocupando un cargo de público en el espacio comunal ya sea, como Alcalde o concejal. En otras palabras, los partidos políticos no representan a las y los ciudadanos neoliberales. Tan solo a los ciudadanos neoliberales que he llamado como “ciudadanos tradicionales”. Y, estos son cada día menos. E, incluso estos se muestran críticos con ellos. Pero, no los invalidan ni los rechazan como si lo hacen los ciudadanos neoliberales “no políticos” y los “ciudadanos subpolíticos”. Los cuales integran el denominado “partido de las y los no electores”. Siendo este grupo el “partido” mayoritario en la sociedad neoliberal.

2.4 Los actores principales de la Rebelión: los ciudadanos subpolíticos

La rebelión social en curso ha estado protagonizada masiva y mayoritariamente por los ciudadanos “subpolíticos”. Por esa razón, ha sido una movilización social y política cuyos principales adversarios políticos es el Parlamento como el Gobierno. Espacios de la representación política partidista. De allí que su objetivo central no es el acuerdo ni la negociación política con ellos sino, más bien, la destitución tanto del poder gubernamental (Presidente) como del poder parlamentario (Senadores y Diputados). Pero, también, de Alcaldes y concejales. Es decir, de toda autoridad electa. Los cuales, para las y los ciudadanos subpolíticos carecen de representatividad y de legitimidad tanto social como política. Ellos expresan el poder neoliberal establecido, la opresión, la corrupción y el amparo al abuso, y, sobre todo, sostienen y son agentes que permiten la reproducción permanente y continua del sistema capitalista neoliberal, que destruye tanto la vida humana como la naturaleza. Son cómplices de la explotación, de las pobrezas materiales de las ciudadanías como responsables directos de la desigualdad social, económica y cultural. Además, de garantes de las transnacionales que extraen los bienes comunes de la sociedad nacional. Para los ciudadanos subpolíticos la clase política esta coludida estrechamente con la clase empresarial mercantil-financiera, productiva y comunicacional tanto nacional como internacional.

Todo lo anterior explica el rechazo total y completo de los sectores movilizados a los partidos políticos. Por ello, en sus acciones y ocupaciones masivas de las calles de la ciudad, de las comunas y sus territorios, no flamean las banderas partidistas. Su objetivo político central terminar con la democracia representativa dé lugar a otra democracia, la social y directa. Tanto a nivel comunal regional y nacional. Obviamente, con otro régimen económico, social y cultural. Una sociedad descolonizada, comunitaria, solidaria y democrática.

La lucha abierta el 18-0 es contra el sistema político. Por esa razón, la ciudadanía movilizada, especialmente, la subpolítica no espera nada de la clase política parlamentaria ni gubernamental ni local. Pero tampoco y este es un detalle importante, de la “clase política social”.  Ello explica que los dirigentes sociales que integran Unidad Social no pueden ni representar ni dirigir ni liderar los movimientos ni las acciones de la rebelión. Las y los ciudadanos sub-políticos tienen total autonomía política y social de las orgánicas sociales o política que organiza la ciudadanía tradicional. Esta es una característica sustantiva y esencial tenerla en cuenta al momento de analizar como también dibujar a grandes rasgos el futuro que tendrá la nueva etapa iniciado el 15M, día de la firma del “Acuerdo” por parte de los partidos políticos del orden neoliberal. 

2.5 El “Acuerdo”, Los Partidos y el Rol de Las Ciudadanías

Este “Acuerdo” implico la resurrección política de los partidos políticos. Y, una tabla de salvación para el gobierno de Piñera. Es, muy evidente, por lo dicho anteriormente, que el “Acuerdo” tendrá escasa o ninguna importancia para los grupos políticos en que se organizan las y los ciudadanos subpolíticos.

Sin embargo, el “Acuerdo” afectara directamente el comportamiento político y participación social de las y los ciudadanos neoliberales tradicionales en la Rebelión como también en amplio contingente plural y diverso de ciudadanos neoliberales “no políticos”, posibilitando que estos recuperen su ansiada normalidad. Estas ciudadanías, por distintas razones sociales y políticas apoyarán el “Acuerdo”. Unos porque el abre la posibilidad de poner fin a la Constitución Política de 1980/2005 y, los otros, porque el proceso constituyente ordenado y dirigido por el Estado, reestablecerá la paz, la tranquilidad y la seguridad social. En otras palabras, con él, la sociedad neoliberal volverá a funcionar. O sea, al neoliberalismo será normal. 

El “Acuerdo” podría ser el comienzo del fin de la Rebelión ciudadana amplia y multifacética que observamos desde el 18-O hasta la huelga general del día. Como, también, de la masiva movilización callejera. Lentamente, se va ir instalando la vía política institucional. Los partidos políticos firmantes serán los principales agentes en dirigir y conducir el proceso constituyente que se abrió en los hechos concretos el 15N, desplazando y reemplazando el proceso iniciado en los territorios comunales y barriales directamente por la ciudadanía, en los cientos Cabildos auto-organizados.

2.6 Todo para lo “constituyente” oficial nada para la ciudadanía

Desde ahora en adelante todo lo concerniente a lo “constituyente” será canalizado en la institucionalidad que el Legislativo va producir a través de la Comisión Técnica que se encargara de elaborar y operacionalizar los distintos puntos del “Acuerdo”. En esta Comisión, por cierto, se excluye desde ya, la presencia directa de la ciudadanía. Puesto, que los miembros que la integrarán, serán “personajes” designados en forma paritaria por los partidos políticos de la oposición y el oficialismo. En otros términos, hombres o mujeres militantes de partidos.

Los partidos políticos carentes de legitimidad, profundamente descreditados y con bajas tazas de confianza ciudadana no solo se apropiaron de la demanda por una nueva Constitución, sino, también desecharon de un plumazo la realización de una Asamblea Constituyente. Manteniendo la tradición histórica en la sociedad chilena las constituciones políticas la redactan los hombres sabios. Y, son elaboradas, poder constituyente derivado con el apoyo del poder Ejecutivo, o sea, se excluye una vez, el poder constituyente originario y directo de la ciudadanía. El principal actor del proceso constituyente no será la ciudadanía sino el poder constituido. De la misma forma como se hizo en 1833, 1925 y 1980.

La erradicación de la palabra “Asamblea” en el documento redactado por los partidos políticos refleja el miedo atávico que la clase política ha tenido a la democracia, entendida como el involucramiento directo y activo del pueblo en los asuntos de la comunidad, de la nación y el Estado.

2.7 El miedo político a la “Asamblea” unifica 

Este miedo político ha estado presente entre los miembros de la clase dominante como de sus dirigentes políticos desde los inicios de la República. El terror al pueblo movilizado, a los ciudadanos ejerciendo su soberanía, ha sido ampliamente registrado por la historiografía democrática nacional. Es el miedo de Piñera invocando la Ley de Seguridad del Estado para frenar la movilización de las y los estudiantes evadiendo el pasaje del Metro. Fue el terror que se apodero del gobierno, lo hizo sacar a los militares a la calle para castigar a las y los desobedientes.  Fue el pavor a la acción ciudadana llevo al presidente rodearse de soldados y anunciar al país que “estábamos en guerra”. El propio General Director de Carabineros reconoció ante su tropa que estaba “cagado de miedo”.

El miedo político tiene la virtud de producir la unión de todos aquellos que temen al “enemigo poderoso”, como el presidente había calificado a las y los ciudadanos movilizados. Efectivamente, entre los actores políticos, comunicacionales y empresariales como también entre las clases medias asalariadas, profesionales liberales, patrimoniales, pequeños y medianos comerciantes, y entre los sectores populares neoliberalizados, cundió el pánico. Incluso el nefasto exministro del Interior Andrés Chadwick como la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matthei avalaron con sus dichos a que la ciudadanía se armara para defenderse de los posibles ataques de los “violentistas”.

Estos ciudadano manejados y manipulados por los medios de comunicación, específicamente, por la televisión pública y privada concentrados en transmitir por sus pantallas los actos vandálicos, saqueos, incendios, destrozos y enfrentamientos entre los manifestantes con las Fuerzas Especiales de Carabineros. Se organizaron para defenderse de los imaginarios e inexistentes ataques a sus propiedades. La concertada campaña del terror fue generando entre las audiencias ciudadanas el temor y el miedo a la protesta social. Sobre todo, la fue abiertamente criminalizada.

2.8 La criminalización de la “justicia popular”.

La criminalización de la protesta y de la acción directa contra los símbolos del capital y del Estado. Dividió a los protestantes entre los “pacifistas” y los “violentistas”. Los primeros eran respetuosos del orden público y de la propiedad pública y privada. En otras palabras, protestantes civilizados. Mientras que los “violentistas”, todo lo contrario. Y, eran los que “ensuciaban”, “distorsionaban” y “perturban negativamente” la movilización política y la protesta social. Los ciudadanos calificados como “violentistas” fueron tipificados tanto por el gobierno como por los medios de comunicación como delincuentes, antisociales, lumpen, etcétera.

Los distintos actos de violencia social realizados por los distintos grupos radicales que participan activamente en la Rebelión y que tienen como objetivos aquellas instituciones que son identificados como los espacios prácticos y directos del abuso mercantil, de la explotación laboral, generadores de pobreza y de desigualdad, como son las farmacias, los supermercados, los centros bancarios, las iglesias, monumentos y estatuas, etcétera. Están muy lejos de la antojadiza interpretación que realiza la prensa oficialista como los medios de comunicación vinculados al capital neoliberal.

Ahora estos actos catalogados con vandálicos por la prensa oficialista y el gobierno son para los grupos radicales que los realizan “actos justicieros” de “justicia popular” que tienen como objetivo político “conseguir la caída del gobierno de Piñera y su mafia familiar.” De ninguna manera se trata de actos vandálicos realizados o perpetrados por delincuentes o por lumpen o narcos sino son “parte de una lucha frontal de castigo a las instituciones de comercio, transporte y represión”. Así, las expropiaciones y recuperaciones (saqueos) a los grandes centros comerciales como supermercados, Retail o empresas de comida rápida multinacional se multiplicaron en los primeros días de la revuelta, y se convirtieron en una noticia criminalizada por la TV y por la ciudadanía neoliberal tradicional, ya sea de la mediana y pequeña burguesía y, sobre todo, por la ciudadanía neoliberal “no política”, pero altamente legitimada por el pueblo que está en las calles, en las poblaciones populares y periféricas de la ciudad de Santiago y de otras ciudades del país.

La acción directa de los rebeldes anticapitalistas y antineoliberales es también una rebeldía anticolonial. Es la manifestación de un descontento y de la ira histórica acumulada de siglos de dominación colonial, patriarcal y estatal. Simbólicamente esta “rabia histórica” se ha expresado en el desmontaje de las estatuas erigidas para recordar a los “conquistadores” y de los “héroes militares de la patria”. Más de 70 monumentos y esculturas han sido desmontadas de sus pedestales y destruidas por la acción descolonizadora. No se trata de acciones espontaneas si no que ellas responden a una profunda consciencia histórica y política descolonizadora.

Esta consciencia ha sido obtenida y trabajada al interior de estos grupos radicales de ciudadanos subpolíticos desde hace ya décadas. Especialmente, desde los años noventa del siglo pasado, con la emergencia y levantamientos de los pueblos originarios de Nuestra América, de la rebeldía histórica del pueblo mapuche y del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en la desconocida, hasta 1994, Selva de Lacandona, en Chiapas, al sur de México. Además, unido al pensamiento crítico decolonial de los últimos años enseñados y aprendido en cientos de escuelas populares que han educado y formado cientos de miles de jóvenes a lo largo de todo el país, hacen que esos actos de ninguna manera sean actos “vandálicos” realizados por “violentistas”, sino por ciudadanos políticos e informados, que poseen tanto una memoria histórica larga duración, de mediana duración y de reciente. Son ciudadanos con una consciencia histórica profunda y espesa. Por esa razón, no son ciudadanos neoliberales, como los son los ciudadanos tradicionales como los “no políticos”, sino que son otro tipo de ciudadanos políticos, históricos, sociales y culturales que habitan una sociedad que no les hace sentido. Por esa razón, la combaten. Ellos son la contra-hegemonía.  

Conjuntamente con dichas acciones “justicieras” y “descolonizadoras” las y los ciudadanos subpolíticos en estado de rebeldía y subversión pusieron en marcha en sus espacios territoriales la auto-organización ciudadana popular. Impulsando por doquier de manera autónoma e independiente las asambleas territoriales y barriales, no solo para deliberar en torno a una futura Asamblea Constituyente sino también para coordinar y evaluar la revuelta. La seriedad y profundidad política con que estos grupos asumen la acción se revela en la necesidad y la urgencia que tienen “de comunicar lo que está pasando, [el] levantamiento de informes serios que den cuenta de la magnitud y características que va adquiriendo este momento político, y sobre todo fortalecer la autoorganización y autonomía de la revuelta”. Todo lo anterior para “evitar” que la Rebelión sea encauzada y dirigida por los “embaucadores de siempre”.   Rechazando abiertamente las “migajas” que el sistema político ofrece.

Para estos sectores es más que claro que la Rebelión social continuara, a pesar, de los llamados realizados por las autoridades. La “Revuelta no parara, continuara y crecerá día a día, pues el presidente ya no tiene respaldo social, la multitud exige su renuncia, y honestamente, es bien difícil que todo esto termine sin el descabezamiento del actual gobierno, si Piñera no renuncia será una derrota, porque de promesas estamos llenos y aburridos”, dicen, sus voceros.

2.9. El Acuerdo el principio del fin

No obstante, el “Acuerdo” logrado por los partidos políticos el 15N como decía más arriba dividirá irremediablemente, la Rebelión social. Por un lado, los ciudadanos tradicionales de manera lenta pero sistemáticamente comenzaran alejarse y a vaciar las manifestaciones sociales. La salida a la calle del día lunes 18, tres días después del “Acuerdo” y conmemorativa del primer mes del estallido del 18-O, no tuvo la masividad semejante a las registradas en las dos primeras semanas de la revuelta.

Desde la invasión popular de la zona oriente de Santiago, por ejemplo, las manifestaciones de los sectores medios acomodados han comenzado disminuir significativamente. El miedo a lo “popular” hizo replegarse a estos sectores. Los cuales aplaudieron abiertamente el “Acuerdo” firmado por los partidos políticos. Y, desde ya se preparan para participar ordenada y disciplinadamente en el proceso constituyente diseñado por la clase política y celebrado por el poder Ejecutivo.

Lo más probable que estos sectores, los ciudadanos neoliberales tradicionales, que durante 28 días fueron aliados sociales y políticos de las y los ciudadanos subpolíticos en rebeldía, los abandonen y los dejen solos en su lucha. El “pueblo” rebelde ya estará unido.

La clase política ha logrado a pesar de todo su desprestigio provocar una momentánea “detención” política a la Rebelión social. Los “embaucadores de siempre”. Han logrado embaucar a los ciudadanos políticos tradicionales. Bajo el espejismo o la ilusión constituyente han logrado que estos abandonen la movilización concentrándose en discutir, argumentar aspectos generales como particulares de la propuesta. Cuestiones técnicas, leguleyas, en voz de los expertos. Obviando, como siempre la voz de la ciudadanía.

Se ha entrado en el “cretinismo constituyente”. 

Sin embargo, estamos seguros que la rebelión social impulsada por los sectores radicales está vigente. E, inicia una nueva fase de lucha, en condiciones menos favorables de las abierta el 18-O. Serán ellos que seguirán “agitando como siempre la transformación revolucionaria de la vida, pero ya no con los papeles, ahora en la calle y queda mucho por hacer”.

Por último, estamos en el escenario dos de los tres previstos. Pero, aún queda rebeldía. La resistencia que la derecha ha realizado en estos días para boicotear el Acuerdo, podría dar lugar a la activación del escenario uno como posibilitar el escenario tres. Nada está dicho aún. La historia se sigue escribiendo.