Latinoamérica se
encuentra en un momento de efervescencia política. Esto se explica por las
contradicciones generadas por los modelos económicos, las políticas
neoliberales, la imposición de intereses imperiales y los regímenes políticos
oligárquicos que profundizan las desigualdades y reprimen la protesta social.
Desde Ciudad de Guatemala
En Chile, la protesta emergió
contra el aumento al pasaje del metro. Prontamente se convirtió en un mar de
gente movilizada contra la represión y la violación de derechos humanos por
parte del gobierno de Sebastián Piñera y, trascendiendo el hecho
desencadenante, contra el falso milagro económico afincado en políticas
neoliberales que, a través de recortes a las pensiones, a los salarios, a la
educación y a la salud, han profundizado la desigualdad. Así las cosas, hoy se
exige la renuncia del mandatario —que, por cierto, le declaró la guerra al pueblo movilizado—, elecciones
anticipadas y el cambio de la constitución política surgida de la dictadura
militar de Augusto Pinochet.
En Ecuador, la movilización
masiva se originó a raíz del llamado paquetazo,
constituido por medidas de orientación neoliberal devenidas de compromisos del
gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre
otras medidas: la derogatoria del subsidio a los combustibles y la disminución
salarial a trabajadores públicos, así como la eliminación, la reducción y el
perdón del pago de impuestos a grandes capitales. Aun cuando se logró la
derogatoria de la eliminación del subsidio a los combustibles, las demás
medidas siguen vigentes, las heridas de la cruenta represión persisten y las
fuerzas democráticas y populares se recomponen, lo cual augura posibles nuevas
movilizaciones y la continuidad en la exigencia de renuncia del actual mandatario.
En Argentina, el rechazo
popular se originó por las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio
Macri. La disminución de prestaciones sociales, la quiebra de miles de
empresas, la pérdida de empleos y la galopante inflación, sumadas al impacto de
los acuerdos con el FMI, han generado el aumento sustancial de la desigualdad,
de la miseria y del descontento social contra las políticas gubernamentales. En
este contexto, la salida momentánea ha sido elegir como nuevo presidente a
Alberto Fernández, político progresista que formó parte de gobiernos que
superaron las afectaciones provocadas por el neoliberalismo.
Honduras experimenta un ciclo
de protesta que empezó como un rechazo al golpe de Estado contra Manuel Zelaya
en 2009 y que se intensificó en determinadas coyunturas, como sucedió después
de las elecciones de 2017, las cuales fueron calificadas de ilegales e
ilegítimas por los movimientos sociales. Las movilizaciones actuales comenzaron
en agosto y se dirigen a exigir la salida del presidente Juan Orlando
Hernández, cuyo gobierno ha sido calificado de «narcodictadura». El hermano del
mandatario, Juan Antonio, fue juzgado y condenado en Estados Unidos por sus
actividades vinculadas con el narcotraficante Chapo Guzmán,
quien financió la campaña electoral para la reelección presidencial. La
respuesta represiva del Gobierno no ha logrado detener las movilizaciones
sociales, que al mismo tiempo cuestionan las políticas neoliberales.
En Brasil, el gobierno
derechista de Jair Bolsonaro fue rápidamente rechazado e impugnado por
gigantescas movilizaciones populares a lo largo del país. Su gestión representa
la continuidad de un régimen que se originó en el golpe de Estado contra la
presidenta Dilma Rousseff y la infame trama judicial contra Lula da Silva, quien probablemente habría ganado
la presidencia en 2018. Bolsonaro acumula también el rechazo por el aumento al
transporte, el recorte de los fondos de educación y de las artes y la reforma
de la seguridad social, además de que es señalado de impulsar políticas
genocidas contra los pueblos indígenas, los campesinos y la naturaleza,
evidenciadas en su inacción y en su complicidad en
los incendios de la Amazonía.
En Colombia, Perú, Paraguay,
Panamá, Costa Rica y Guatemala, las resistencias y protestas populares también
avanzan a pesar de las prácticas de aniquilamiento y represión que aplican sus
Gobiernos. No obstante, crecen, maduran y podrían convertirse en movilizaciones
de gran envergadura.
Estas luchas indican que
estamos ante una coyuntura abierta por los pueblos en rebeldía, donde clases
trabajadoras, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y campesinos confrontan las
políticas neoliberales, la represión estatal y la injerencia del FMI y de
Estados Unidos. Exigen la dimisión de mandatarios antipopulares y la
instauración de nuevas políticas. Además, empiezan a ser planteados nuevos
horizontes constitucionales en seguimiento de los ensayos boliviano, venezolano
y ecuatoriano.
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