Los políticos, medios de comunicación
y élites antinacionales parecen haber encontrado la solución para todos los
problemas del Ecuador: la inversión extranjera directa (IED). El discurso
repetido promociona a la IED como uno los ejes centrales de la supuesta
reactivación económica.
Martín Pastor
/ Para Con Nuestra América
Desde Quito, Ecuador
Sin embargo, escondido tras esta falsa
promesa se encuentra el retorno de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)
y axiomas neoliberales ortodoxos como la liberalización y desregularización de
la economía. Esto significará más privilegios y ganancias a las transnacionales
y los grupos de poder de siempre, en contra de la soberanía nacional y el
bienestar material de la mayoría de ecuatorianos.
Es importante aclarar que existe mala
y buena inversión extranjera directa. Lastimosamente en Ecuador, debido al tamaño
de su mercado, el único tipo de inversión que tiende a llegar es la negativa.
Desde el 2002 al 2017, el 40% de toda la IED corresponde a la explotación minera y
petrolera.
Esta fórmula es negativa para el país
ya que no genera cadenas productivas; la maquinaria, los materiales e incluso
la mano de obra son importados, lo cual deja poco o nada al Ecuador. Y por otro
lado, refuerza un modelo en el que las naciones periféricas son explotadas por
sus recursos naturales con alto costo para la naturaleza y sociedad.
El enfoque ha sido el de vender al
país al mejor postor, con poca o nula importancia de los efectos en la
población y su futuro. Así fue que la
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de
Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (Trole 3) fue aprobada, sustentada por este engaño en
el que más IED y un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos resolverán los
problemas.
Pero para la Embajada de Estados
Unidos, la inversión y un TLC no llegará sin que antes el Ecuador haga lo que ellos quieren. Con su titular, Todd
Chapman, han vuelto a inmiscuirse en la política ecuatoriana. La postura
estadounidense ha sido la de condicionar al país; infiltrándose y manipulando
la seguridad nacional, política exterior y macroeconómica.
Chapman ha sido claro que para lograr
el añorado TLC, que busca Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior, los
inversionistas angloamericanos necesitan una “protección adicional”, traducido a:
deben reinstaurar los TBI.
Ahora conocidos como Convenios (CBI),
estos son acuerdos los suscriben dos Estados para proteger la inversión
extranjera privada y los intereses de las empresas involucradas. En palabras de Campana, “son básicos e importantes para
lograr nuevas inversiones. Sin TBI difícilmente lograremos atraer inversión
privada directa”. Una postura que resume la visión ortodoxa, sumisa y
antinacional del actual gobierno y funcionarios.
Lo que el Ministro ignora es que en
2017 la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de
Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de
Inversiones (Caitisa) los resultados de una auditoria a 27 TBI firmados entre 1968 y
2002.
La conclusión del informe final fue contundente: los TBI “no han sido
determinantes en la atracción de la inversión extranjera al país". A pesar
de que Ecuador era de los países de la región con más tratados firmados,
también es de los que menos IED recibió. Y con los dos países que más invierten en
Ecuador, México (1.491 millones) y Brasil (1.037 millones), no se ha ratificado
un instrumento de esta índole.
Mientras tanto, Estados Unidos, país
con el que sí se tenía un TBI, entre 2002 y 2017 se registra una desinversión
que ronda los 400 millones de dólares. En otras palabras, aún con un TBI con
los norteamericanos, la inversión nunca llegó.
Lo que sí causó es que hasta abril
del 2017, el Estado ecuatoriano se vea obligado a desembolsar 1.498 millones de
dólares para el pago de laudos. De los cuales, el 90% ha ido a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble
Energy, entre otras y casi 156 millones a árbitros y bufetes de abogados.
¿Entonces por qué firmar un TBI?
La
respuesta se encuentra en el lobby de las transnacionales al Departamento de Estado
en Washington. La impunidad y ambigüedad legal que les brinda un instrumento
como este es un incentivo para presionar a los políticos estadunidenses, que a
su vez presionan al gobierno ecuatoriano.
Otra razón
es que aún quedan 10 demandas en casos pendientes con un monto aproximado en
pugna de 12.000 millones de dólares. Algo que debe preocupar a los ecuatorianos
ya que más del 62% de los fallos
emanados desde el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, han sido a favor de los
intereses de las transnacionales.
En este
sentido, parece irreal que la discusión sobre la restauración de los TBI se
realiza a pesar de que la Constitución de 2008 en su
artículo 422 prohíbe la sesión de jurisdicción del Estado a instancias de
arbitraje internacional en el caso de Tratados internacionales. Pero esto no ha
impedido que el gobierno trabaje en contra de la ley y por ende, de los
ecuatorianos.
Con la
Trole 3 lograron ‘legalizar’ nuevamente a los TBI, al
"reconocer la legalidad y aplicabilidad de los tratados o convenios de
protección de inversiones como un medio indispensable para el fomento y
protección de inversiones extranjeras...".
Un acto
inconstitucional y jurídicamente equívoco ya que ninguna ley puede estar sobre
la Constitución. Algo para lo que ya existe un plan, Elizabeth Cabezas,
presidenta de la Asamblea Nacional, explicó que habrá una
propuesta de la bancada gobiernista de Alianza País para una enmienda
constitucional.
Un ejemplo
del poder de las élites antinacionales e internacionales, y cómo, los políticos
ecuatorianos están dispuestos a traicionar y modificar la Carta Magna siguiendo
órdenes de intereses privados y de la Embajada de Estados Unidos. Una
materialización del entreguismo completo de la soberanía nacional y el rumbo
económico del país.
Pero esto
no es todo, ya que una vez reinstaurados los TBI se procederá a un acuerdo
comercial con los Estados Unidos. Esta liberalización de la economía no
brindará nuevas oportunidades para los productores y pequeños/medianos
empresarios ecuatorianos, como ofrecen los funcionarios del gobierno y cámaras
empresariales.
Como país,
el Ecuador no está en capacidad productiva de ofertar a los Estados Unidos más
que una reducida lista de bienes: camarón, atún, cacao, flores, y banano; productos que a su vez los explotan una élite económica. En
contraste, Estados Unidos tiene mucho que vender y ofrecer a Ecuador. Esta
disparidad entre ambos mercados causará un desequilibrio en la balanza
comercial.
Las
importaciones continuarán incrementando, mientras que las exportaciones no
podrán igualar el ratio de crecimiento. Algo que ya ha sucedido en un país
vecino, como es el caso colombiano.
En un informe del Centro de Trabajo (Cedetrabajo) de
Colombia, se detalla que desde la firma del TLC con EE.UU entre 2012 a 2016,
las exportaciones han caído un 54,1%. En términos de balanza comercial con ese
país, Colombia pasó de tener un superávit comercial de 8.244 millones de
dólares a un déficit de 1.414 millones.
Mientras
que según el Grupo
Proindustria gracias al TLC, el aparato productivo nacional se deterioró por su
incapacidad de diversificar exportaciones. En 2012 las exportaciones no
tradicionales hacia Estados Unidos desde Colombia, analizadas por volumen (en
peso), representaban el 4,1% de las totales y para 2016 el 4%. Es decir que con
el TLC, no cambió nada para las pequeñas y medianas empresas.
Pero el
agro es el más afectado, ya que con cifras del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, se observa que Colombia incrementó sus
exportaciones agropecuarias en un 16% entre 2012 y 2015 pero a la vez sus
importaciones en este sector crecieron en 120%, arrasando con pequeños
productores.
Una
realidad similar sería sumamente perjudicial para una economía pequeña,
agrícola y sin soberanía monetaria como la del Ecuador. La salida
indiscriminada de dólares, acentuada con la permisibilidad legal otorgada
nuevamente con la Trole 3, pondría en peligro la dolarización. Y a su vez,
destruiría la naciente industria nacional, con ello llevándose puestos de
trabajo y pequeñas y medianas empresas. Mientras que la ‘gran minga
agropecuaria’ quedaría decimada.
Pero esto
no le importa al gobierno que ignora todas las señales y advertencias de
economistas y expertos en el tema. La desinstitucionalización del Estado ha
generado que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Nacional se
conviertan en brazos ejecutores del Ministerio de Comercio Exterior. El precio
ha sido la pérdida de soberanía nacional, la institucionalidad, y el futuro de
los ecuatorianos.
Si el gobierno en verdad quisiera una
IED positiva, buscaría aquella que genere cadenas productivas y en su proceso
de creación de renta, genere capital para otras empresas locales, campesinado y
dinamismo económico interno. Pero la postura plutocrática de Moreno muestra los
intereses reales detrás del poder, una falsa promesa que beneficia los que más
tienen.
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