El 20
de mayo se realizaron elecciones presidenciales en la República Bolivariana de
Venezuela, ganadas por fuerzas aliadas que propusieron a Nicolás Maduro para un
nuevo período de seis años. Su resultado dilucidó en parte la correlación de
fuerzas, en un marco de asedio para impedirlas.
Mario Sosa / Para Con Nuestra América
Desde
Ciudad de Guatemala
De
veinticuatro elecciones desde que Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998, el
movimiento bolivariano ha ganado veintidós, incluidas dos realizadas en 2017,
una para gobernadores y otra para Asamblea Nacional Constituyente. Todas ellas
han sido tildadas por los opositores como fraudulentas, aun cuando el sistema
electoral venezolano ha sido catalogado como el mejor del mundo por personajes
como Jimmy Carter y catalogadas como transparentes por el Consejo de Expertos Electorales de
Latinoamérica (integrado por ex presidentes de órganos electorales), el cual ha
confirmado: “El sistema electoral que se utiliza en este país garantiza tanto
el escrutinio como la totalización”.
Estas
elecciones ocurren en el marco de una correlación de fuerzas interna que
favorecía con antelación la candidatura de Nicolás Maduro. Esto se constató en
las movilizaciones sociales masivas, en las encuestas realizadas por empresas
respetables, así como en el apoyo al proceso de diez partidos políticos y
movimientos sociales diversos. Además de
las fuerzas armadas apuestas al golpe de Estado promovido por la
oposición. Estos y otros signos políticos hacían prever un triunfo contundente
de la candidatura oficial, ante una oposición incapaz, dividida y en buena
medida dependiente de las directrices de la embajada estadounidense.
La
contienda electoral constituyó un episodio más de la disputa política entre dos
proyectos contrapuestos. Por un lado, el proyecto denominado bolivariano y
revolucionario, que ha promovido políticas de nacionalización de los recursos
estratégicos, de soberanía frente a poderes financieros, económicos y políticos
globales y regionales, y de distribución de la riqueza socialmente producida
como nunca antes. Por otra parte, el proyecto de la clase dominante venezolana
que, bajo la tutela de Estados Unidos y con el control sobre el sistema
político anterior, aplicó y es proclive a políticas neoliberales y de saqueo de
los recursos públicos para su propio beneficio y del capital transnacional. A
este segundo polo político se fueron sumando las oligarquías latinoamericanas,
gobiernos de derecha y bloques como la Unión Europea, quienes han visto en el
proyecto revolucionario un peligro para sus intereses.
Así
las cosas, las elecciones se realizaran bajo asedio. Ha sido explícita la
estrategia de Estados Unidos con la implementación de un bloqueo económico y
financiero, la promoción de intentonas de golpe de Estado, la amenaza de una
intervención militar, la articulación y activación del injerencista Grupo de
Lima, todo lo cual ha quedado revelado en los planes del Comando Sur divulgados
este año con el nombre Golpe Maestro. Esta estrategia avanza con nuevas
sanciones impuestas un día después de las elecciones, las cuales inmovilizan
recursos del Estado venezolano para sus transacciones internacionales,
incluidas compras de alimentos y medicamentos.
Internamente,
el asedio consistió en el desabastecimiento de alimentos y medicamentos
fraguado por quienes todavía controlan la producción y distribución; una
inflación galopante que se explica en la política de especulación en el precio
del dólar dirigida desde la página dolartoday.com; atentados contra el sistema
eléctrico nacional. La embestida también
incluyó el intento por fraguar un grupo paramilitar, rápidamente derrotado en
enero de este año; así como el sabotaje al diálogo impulsado por Maduro entre
2017 y 2018, mediado por el presidente de República Dominicana.
En lo
electoral, las fuerzas opositoras internas y externas habían pedido elecciones
presidenciales anticipadas. No obstante, cuando fueron convocadas
inmediatamente las rechazaron, decretaron su carácter fraudulento y declararon
que serían desconocidas por la “comunidad internacional”. Al no poder impedir
su convocatoria y la participación de una parte importante de la oposición, las
fuerzas de extrema derecha levantaron una campaña por la abstención. Estados
Unidos, la Unión Europea, gobiernos de derecha y las oligarquías
latinoamericanas entonaron la misma nota de rechazo y deslegitimación, todo lo
cual fue difundido por una matriz mediática hegemónica articulada por
corporaciones “comunicacionales” globales y replicada por medios locales.
El
asedio al gobierno y al proceso electoral provocó una grave crisis que afecta
esencialmente al pueblo venezolano. No obstante este salió a las urnas
alcanzando un respetable 47.32% de participación. Así mismo ratificó el apoyo
mayoritario al proceso encabezado por Nicolás Maduro. Esto se expresa en el
67.84% de los votos a favor de Maduro, 46.91 puntos por encima de Henry Falcón,
uno de los tres candidatos opositores, apoyado por cuatro partidos de derecha.
El
asedio económico, político y mediático al proceso electoral fue vencido. Sin
embargo, la agresión hacia Venezuela continúa.
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